Chaves buscó concentrar poder mediante ataques a instituciones

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (derecha), escucha al ministro de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves durante una conferencia de prensa en San José, el 22 de julio de 2026. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP)
El gobierno de Rodrigo Chaves buscó concentrar el poder mediante ataques contra las instituciones encargadas de limitar sus decisiones, según el Informe Estado de la Nación 2026.
La investigación señala que el Ejecutivo intentó ampliar sus atribuciones, incluso más allá de los límites establecidos por las leyes y la Constitución. Esa estrategia aumentó los conflictos entre los poderes del Estado y debilitó los mecanismos de control sobre el Gobierno.
Los ataques del Ejecutivo contra otros poderes se multiplicaron por más de 15 entre el primer y el último año de la administración Chaves. Según un análisis de noticias publicadas en medios de comunicación, pasaron de 10 en 2022 a 152 en 2026.

Ataques del Ejecutivo contra otros poderes del Estado (2022-2026). Fuente: Informe Estado de la Nación 2026
Ronald Alfaro Redondo, investigador del Programa Estado de la Nación, explicó que estos ataques van más allá de una crítica o un desacuerdo. Según indicó, buscan desacreditar a los adversarios políticos o dificultar el cumplimiento de sus funciones.
Durante la campaña electoral, los ataques aumentaron tanto en frecuencia como en agresividad y también se dirigieron contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Esto ocurrió en medio de las denuncias por presunta beligerancia política y los dos intentos de levantar la inmunidad presidencial de Chaves.
Alfaro recordó que el Tribunal ha recibido ataques de partidos políticos en el pasado, pero nunca desde el Gobierno. También advirtió que estas acciones pueden afectar la credibilidad del TSE y debilitar su capacidad para garantizar el cumplimiento de las reglas electorales.
Concentrar el poder sin romper las reglas
El Estado de la Nación advierte que la concentración del poder no siempre implica incumplir la ley. También puede ocurrir cuando una autoridad asume funciones que antes compartía con otras o limita la participación de terceros en la toma de decisiones.
Uno de los ejemplos que cita el informe es el nombramiento de Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda y de la Presidencia al inicio del gobierno de Laura Fernández Delgado.
Con esos cargos, el expresidente asumió simultáneamente el manejo de las finanzas públicas, la coordinación del Gobierno y las relaciones del Ejecutivo con otros poderes del Estado.
Los investigadores también analizaron los intentos del Ejecutivo por ejercer funciones que no le correspondían. Uno de los casos ocurrió durante el último año de gobierno de Chaves, cuando el Consejo de Gobierno destituyó a miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional.
La Sala Constitucional anuló las actuaciones que llevaron a la separación de los directivos y ordenó su restitución.
El informe también documentó cómo el grupo político de Chaves ganó influencia en las municipalidades.
Al cierre de la investigación, las autoridades de 19 alcaldías habían renunciado a los partidos por los que llegaron al cargo para respaldar al grupo gobernante. En cuatro casos anunciaron su decisión durante actos oficiales del Gobierno.
Según el informe, el apoyo de estas autoridades contribuyó al triunfo del Partido Pueblo Soberano en las elecciones de 2026.
Señales de debilitamiento de la democracia
Los investigadores también identificaron señales de alerta en los estudios internacionales que evalúan la democracia costarricense.
Entre 2015 y 2025, Costa Rica registró leves retrocesos en cinco de los seis indicadores que utiliza el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project para evaluar los límites al poder de un gobierno.
Por su parte, el indicador del proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem), que mide los intentos de censura gubernamental a los medios de comunicación, registró su peor resultado en 75 años.
Al ser consultado por este medio sobre los riesgos de que el actual Gobierno mantenga los ataques contra las instituciones, Alfaro aclaró que Costa Rica todavía cuenta con un sistema sólido de controles al poder del Ejecutivo.
Sin embargo, advirtió que ya existen señales de debilitamiento y que el país podría avanzar por un camino peligroso si esta situación se profundiza.