Justicia autorizó adelanto de $4 millones a empresa que construirá cocina del Cacco
Gabriel Aguilar en el Cacco
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, autorizó un adelanto de hasta $4 millones a la empresa que construirá y equipará la cocina del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).
El pago anticipado equivale a hasta el 40% del contrato, valorado en $10,1 millones. La obra quedó en manos de Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A. (Edificar), mediante una contratación por urgencia.
El Despacho Ministerial comunicó la autorización en un oficio dirigido a David Pardo Umaña, representante legal de la empresa.
A cambio, Edificar deberá presentar una garantía colateral por la totalidad del anticipo. La Administración, por su parte, tendrá que verificar que ese dinero no supere los costos directos de los insumos incluidos en la estructura del precio.
Los demás pagos se harán conforme se verifiquen y reciban los avances de obra, según las condiciones del contrato.
Además de la construcción de la cocina, el contrato incluye obras complementarias, equipamiento y componentes de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).
Pagos dependen del presupuesto de 2027
El presupuesto de 2026 no alcanza para financiar toda la obra. Este año, el Ministerio cuenta con recursos para cubrir cerca del 40% del costo.
Esa disponibilidad depende del tipo de cambio vigente al generar los compromisos presupuestarios. Por eso, la Administración previó al menos un 5% adicional para cubrir posibles diferencias cambiarias.
El 60% restante fue solicitado en el anteproyecto de presupuesto de 2027. Así, parte de los pagos dependerá de los recursos disponibles el próximo año.
El ministro instruyó a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) para que gestione los compromisos presupuestarios y garantice el financiamiento de las obligaciones que pasen al siguiente ejercicio económico. También le ordenó asegurar los recursos para los pagos programados en 2027.
Contratación arrancó antes de registrarse en Sicop
Aguilar también autorizó iniciar la contratación sin que el expediente electrónico estuviera conformado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). La decisión se ampara en la Ley General de Contratación Pública, que permite los procedimientos de urgencia.
En el oficio, el ministro se refirió a esa decisión:
"Una vez realizada la valoración integral de los elementos aportados y, en salvaguarda del interés público e institucional, notifico la presente orden de inicio administrativa y autorizo expresamente el inicio de la contratación de forma previa a la conformación del expediente en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por la amenaza acreditada a la continuidad del servicio alimentario y la premura derivada del tiempo requerido para implementar la solución".
Aguilar ordenó incorporar después al sistema todos los documentos de la contratación: antecedentes, criterios técnicos, condiciones y propuesta aceptada.
Los documentos del sistema de CCTV tendrán un tratamiento confidencial. Esa reserva no se extiende al resto de los antecedentes, que deben ser públicos.
El oficio también analiza las circunstancias que llevaron al Ministerio a recurrir a la urgencia. La DGAS informó que no encontró elementos para atribuir la situación a una mala gestión institucional.
El ministro acogió ese criterio y concluyó que no hubo negligencia, dolo ni impericia en las actuaciones previas a la orden de inicio. Además, designó al arquitecto Salvador Montoya María como administrador y fiscalizador del contrato.