Justicia compró 3 camiones por ₡130 millones fuera de SICOP por orden de ministro

El Ministerio de Justicia y Paz contrató tres camiones por ₡129,9 millones, fuera del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por orden directa del ministro Gabriel Aguilar Vargas, quien autorizó la adquisición mediante un procedimiento especial de urgencia, el cual quedó en firme este viernes 13 de noviembre.

La decisión consta en un oficio del 2 de noviembre, mediante el cual el jerarca seleccionó a Vehículos Internacionales Veinsa S. A. (Veinsa Motors), aceptó su cotización y ordenó iniciar la contratación antes de incorporar el expediente a SICOP.

El ministro también dispuso que la institución registrara posteriormente la adjudicación y el contrato en la plataforma, pese a que ya había acordado con la empresa el precio y las condiciones de suministro.

La compra ocurrió después de que Justicia declarara infructuosa una licitación menor en setiembre. Para justificar el procedimiento excepcional, la institución alegó que el deterioro de sus camiones ponía en riesgo la distribución de alimentos en los centros penitenciarios.

Sin embargo, los registros del Departamento de Servicios Generales demuestran que Justicia conocía los problemas mecánicos de su flotilla desde al menos 2024, dos años antes de recurrir a la contratación de urgencia.

Aunque la información de la compra aparece publicada en el SICOP, Justicia reconoce que la contratación se efectuó fuera de esa plataforma.

El pliego de condiciones, fechado el 13 de noviembre, explica que el trámite incorporado a SICOP tiene como finalidad registrar una contratación que la institución ya había realizado mediante un procedimiento especial de urgencia.

Recomendación de Adaptación Social

Aguilar Vargas acogió las recomendaciones de la Dirección General de Adaptación Social y del Departamento Industrial y Agropecuario para adquirir los vehículos mediante un procedimiento excepcional.

El ministro fundamentó su decisión en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 166 de su Reglamento, que permiten realizar contrataciones urgentes antes de conformar el expediente electrónico, bajo determinadas condiciones.

El documento establece que la institución debía comprar tres camiones Mitsubishi Fuso, modelo 2027, por $85.767 cada uno, con el impuesto al valor agregado (IVA) incluido.

Además, el jerarca consideró que el contrato administrativo quedaba perfeccionado con la emisión de la orden de inicio del 2 de noviembre.

La decisión de inicio, elaborada cuatro días después y firmada por el ministro el 9 de noviembre, confirma que la contratación se realizó bajo una modalidad especial, no concursal y fuera de SICOP.

En ese documento, Justicia ordenó a la Proveeduría Institucional solicitar una oferta exclusivamente a Veinsa Motors dentro de la plataforma y registrar la adjudicación y el contrato previamente acordados.

Esto significa que, aunque la información de la compra aparece publicada en SICOP, la institución seleccionó al proveedor y autorizó la contratación antes de completar ese registro electrónico.

Justicia alegó riesgo de desabastecimiento en cárceles

El ministerio justificó la compra urgente en la necesidad de transportar aproximadamente 58.000 bollos de pan diarios, además de productos agrícolas que abastecen los centros penitenciarios.

Según la institución, las fallas mecánicas de los camiones actuales provocaban retrasos y comprometían las condiciones sanitarias del transporte de alimentos.

El Departamento Industrial y Agropecuario también informó que tuvo que recurrir a un camión ganadero y vehículos tipo pick-up para mantener las entregas.

Justicia argumentó que la falta de transporte adecuado podía afectar la alimentación de las privados de libertad y las actividades productivas vinculadas con los programas de reinserción social.

La institución había iniciado en agosto una licitación menor para sustituir los vehículos.

Sin embargo, el 17 de setiembre declaró infructuoso el concurso porque la única oferta presentada, de Corporación Grupo Q Costa Rica S. A., incumplió los requisitos técnicos y presupuestarios.

Posteriormente, el Departamento Industrial y Agropecuario consultó a Veinsa Motors, Autostar, Grupo Purdy y Grupo Q, además de publicar una alerta temprana.

Según el ministerio, Veinsa ofreció el menor precio entre las alternativas que cumplían las condiciones técnicas y permitían entregar los vehículos en el plazo requerido, sin embargo Grupo Q tuvo mejor precio en el primer concurso, pero ofrecía los camiones para inicios del 2027.

Ministro descartó mala gestión de funcionarios

En la orden del 2 de noviembre, Aguilar Vargas sostuvo que la urgencia surgió por el fracaso de la licitación anterior y concluyó que no existió mala gestión de los funcionarios involucrados.

No obstante, la documentación de Servicios Generales muestra que los problemas mecánicos de los vehículos estaban registrados desde al menos 2024.

Otro aspecto relevante es el plazo transcurrido entre el fracaso de la licitación y la orden ministerial.

Entre el 17 de setiembre y el 2 de noviembre pasaron 46 días naturales, mientras que la normativa establece un plazo de un mes, contado desde que se concreta el hecho generador de la urgencia, para seleccionar al contratista e iniciar la ejecución.

El ministro afirmó en su oficio que todavía no había vencido el plazo legal. Para determinar si la institución cumplió esa condición, es necesario precisar cuándo se configuró jurídicamente la urgencia y cuándo comenzó la ejecución contractual.

Contratación no contempla multas ni cláusulas penales

La decisión de inicio también establece que Justicia no incorporó multas ni cláusulas penales para sancionar eventuales incumplimientos contractuales de Veinsa Motors.

El documento señala expresamente: "No se acordó la incorporación de multas o cláusulas penales por lo que no se contemplan en este trámite".

Esta condición adquiere relevancia porque la institución justificó la contratación excepcional en la necesidad de recibir rápidamente los camiones.

La orden ministerial estableció un plazo máximo de 20 días hábiles para entregar los tres vehículos, contado a partir del día hábil siguiente a su notificación.

Los camiones deben ser modelo 2027, de carga seca, con motor diésel, transmisión manual y capacidad de carga de 6.280 kilogramos.

La contratación también contempla una garantía comercial de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y las condiciones de mantenimiento acordadas con el proveedor.

Además, la decisión de inicio consigna que la institución no presentó un estudio de costo-beneficio ni un cronograma de actividades en los apartados correspondientes.

Justicia destinó ₡130 millones del presupuesto de 2026 para financiar la adquisición, según la certificación de contenido presupuestario n.º 314-2026.

El ministerio también argumentó que necesitaba ejecutar los fondos durante 2026 porque no había previsto recursos para sustituir los camiones en el presupuesto de 2027.

La administración del contrato quedó a cargo de Luis Alberto Campos Loría, jefe del Departamento Industrial y Agropecuario, quien debe supervisar la entrega de los vehículos y verificar el cumplimiento de las condiciones acordadas con Veinsa Motors.

Este viernes se enviaron varias consultas al Ministerio para conocer las razones por las cuales se manejó el contrato de esta forma, pero por ahora no se tiene una respuesta.

Segundo caso: una cocina de $10 millones que el Cacco no tenía

Esta semana también se conoció que Justicia adjudicó por $10.026.045 la construcción de una cocina para el Cacco a Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A. (Edificar), la misma empresa que levantó los cinco módulos del centro. Solicitó oferta solo a esa compañía, con base en el artículo 66.

La megacárcel, con capacidad para 5.100 personas, costó $33,1 millones y se construyó con planos donados por el Gobierno de El Salvador. Con la cocina, la inversión conjunta llegaría a $43,1 millones, un 30% más.

Las especificaciones técnicas del Cacco, elaboradas en octubre de 2025 y disponibles en SICOP, nunca identificaron una cocina para producir los alimentos del centro, incluso inicialmente se valoró como innecesaria, como fue revelado por CR Hoy esta semana.

El plan era atender a los dos primeros módulos, con 2.040 personas, desde la cocina de La Reforma.

Sin embargo, un informe de Adaptación Social del 14 de setiembre advirtió que esa cocina produce unas 3.800 raciones por ciclo y que forzarla hacia su máximo de 5.700 comprometería el servicio. Además, el informe CNAI-2284-2026 señaló que los espacios liberados en La Reforma tendrían que reocuparse para marzo de 2027, lo que aumentaría la demanda sobre esa misma cocina.

El ministerio valoró contratar a una empresa privada ($8,6 millones anuales al inicio y $18,6 millones a plena capacidad), ampliar La Reforma ($9,18 millones) o construir una planta centralizada ($5,27 millones), pero las descartó por depender de infraestructura o proveedores externos, el transporte de alimentos y la continuidad del servicio.

El 8 de octubre, el ministro Gabriel Aguilar autorizó la contratación de urgencia permitió iniciar antes de armar el expediente en SICOP y aprobó un adelanto de hasta 40%, cerca de $4 millones, información revelada por este medio.