Directiva de CCSS cuestiona decreto que prorroga nombramiento suspendido por Sala IV
Sandra Li Chen Apuy, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuestionó la constitucionalidad del decreto que el Gobierno utilizó para prorrogar el nombramiento de Róger Rivera, cuya designación temporal la Sala IV había ordenado suspender.
La directiva planteó sus dudas durante la sesión en la que el órgano retomó sus reuniones ordinarias, tras cuatro meses sin sesionar. Además, pidió aclarar qué ocurriría con las decisiones de la Junta si el tribunal declara inconstitucional la norma.
"Yo como abogada tengo mis dudas sobre no la ilegalidad de ese decreto, más bien la inconstitucionalidad, me parece que hay un roce ahí", manifestó.
Señaló que no le correspondía resolver ese cuestionamiento en esa instancia, pero insistió en conocer las consecuencias de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad sobre la prórroga.
"¿Qué pasa con las decisiones que tomemos nosotros?", preguntó.
Director jurídico defiende aplicación del decreto
Gilberth Alfaro, director jurídico de la CCSS, respondió que alguien podría discrepar del reglamento, pero que este rige mientras permanezca vigente y no lo anulen.
"Lo que estaríamos haciendo hoy es actuar apegados a una norma jurídica que está vigente el día de hoy. Si eventualmente se declara inconstitucional habría que ver qué resuelve la Sala", afirmó.
El Consejo de Gobierno acordó prorrogar el nombramiento de Rivera con base en el decreto publicado el 9 de noviembre en La Gaceta.
La reforma permite extender provisionalmente un nombramiento anterior, válido y eficaz, cuando un sector quede sin representante titular ni suplente, hasta completar la designación e incorporación de su sustituto.
Representante patronal advierte sobre orden de la Sala IV
Eduardo Rodríguez, representante de los patronos, también expresó preocupación por la participación de Rivera. Recordó que la Sala Constitucional ordenó al Consejo de Gobierno suspender su nombramiento mientras resolvía el caso de Rocío Alfaro.
"No quiero caer en desacato de una orden judicial", manifestó Rodríguez.
La orden de suspensión surgió durante el trámite de un recurso de amparo contra la negativa del Gobierno de nombrar y juramentar a Alfaro, elegida por el movimiento sindical como su representante para el periodo 2026-2030.
Como parte de esa medida, la Sala también ordenó a las autoridades abstenerse de designar a otra persona en el puesto en disputa. Si el nombramiento ya se había realizado, debían suspenderlo hasta que el tribunal dictara sentencia o dispusiera otra medida.
Posteriormente, la Sala anuló la decisión del Gobierno de rechazar la designación de Alfaro y ordenó su juramentación en un plazo de ocho días.