Juez advierte riesgos en cargos contra Macho Coca si Fiscalía de Nueva York no entrega prueba
Macho Coca, amtes de ser extraditado a Nueva York. Foto: MSP
Un juez federal de Estados Unidos advirtió que los cargos contra Gilberth Bell Fernández, "Macho Coca", podrían desestimarse si la Fiscalía de Nueva York incumple su obligación de entregar a la defensa evidencia favorable al acusado.
El juez federal Dale E. Ho, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, emitió la advertencia este jueves 27 de agosto en una orden dentro del proceso penal que Bell Fernández enfrenta por presuntamente conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos.
El documento fija las obligaciones que debe cumplir el Gobierno estadounidense durante el proceso y las consecuencias que podría enfrentar si oculta o no entrega oportunamente información que favorezca la defensa de Macho Coca. Entre las sanciones más severas, Ho contempla desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena después de un juicio o de una declaración de culpabilidad.
La orden no señala que la Fiscalía haya ocultado evidencia hasta ahora ni establece que exista algún incumplimiento, si no es una una disposición preventiva que fija las reglas que el Gobierno deberá respetar durante el desarrollo del caso.
Obligación de Fiscalía de Nueva York
El juez recordó a la Fiscalía de Nueva York que el Gobierno debe revelar a los abogados de Macho Coca toda información favorable al acusado que resulte relevante para determinar su culpabilidad o su eventual castigo. Esa obligación aplica aunque la defensa no la solicite y aunque el material no constituya, por sí solo, evidencia admisible en un eventual juicio.
La Fiscalía deberá además entregar el material con la anticipación suficiente para que los abogados puedan utilizarlo de manera efectiva en la preparación del caso. La disposición alcanza también la información que la defensa pueda usar para cuestionar la credibilidad de los testigos del Gobierno.
Parte de la investigación estadounidense se apoyó en fuentes confidenciales que mantuvieron comunicaciones y reuniones con Bell Fernández y con otros presuntos integrantes de su organización.
El juez precisó que el Gobierno tiene la obligación de buscar ese material entre fiscales federales, estatales y locales, agentes policiales y otros funcionarios que hayan participado en la investigación o en el proceso que derivó en los cargos contra Macho Coca.
Si surge nueva información favorable al acusado en cualquier momento, el Gobierno deberá revelarla. La resolución señala incluso que esta responsabilidad existe sin importar si las propias autoridades consideran creíble esa información.
Información privada
La orden contempla un procedimiento especial para los casos en que divulgar cierta información pueda comprometer la seguridad de testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, técnicas sensibles de investigación u otro interés relevante del Gobierno.
En esas circunstancias, los fiscales podrán acudir ante el juez para pedir que modifique sus obligaciones. Entre las opciones que contempla la orden figuran que el tribunal revise la información de forma privada, que autorice retenerla o que la someta a una orden de protección.
Este mecanismo también podría cobrar importancia por el uso de fuentes confidenciales durante la investigación contra Bell Fernández, aunque la resolución no ordena revelar la identidad de ninguna de ellas.
El juez podría fijar condiciones específicas para entregar la información, conceder una prórroga, imponer sanciones probatorias o sancionar por desacato a los abogados responsables. Incluso podría remitir el caso de esos profesionales a las autoridades disciplinarias correspondientes.
Bell Fernández enfrenta este proceso en Estados Unidos después de que Costa Rica autorizara su extradición y fuera trasladado a Nueva York el 13 de agosto. Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto líder de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína.
El costarricense rechazó los cargos en su contra y se declaró no culpable, por lo que el proceso continuará ante la justicia federal estadounidense.