SIP y CPJ advierten que nuevo canon de frecuencias podría sacar medios del aire
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) advirtieron que el proyecto para reformar la Ley de Radio y Televisión podría imponer una carga económica desproporcionada a los medios y provocar la salida del aire de algunos.
Ambas organizaciones reconocen la potestad del Estado para regular el espectro y establecer un canon por su uso, pero consideran que el cobro debe responder a criterios objetivos, técnicos, proporcionales y transparentes, sin poner en riesgo la operación de los medios.
La SIP y el CPJ señalaron que un eventual cierre afectaría el pluralismo informativo y el acceso gratuito a noticias, especialmente para hogares de menores ingresos, comunidades rurales y personas adultas mayores. También destacaron el papel de la radio y la televisión abierta durante emergencias, elecciones y otros acontecimientos de interés público.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, afirmó que una regulación que amenace la viabilidad de los medios afecta directamente la libertad de expresión. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que si una medida económica vuelve inviable a un medio, toda la sociedad pierde fuentes de información.
La Asamblea Legislativa debatirá este jueves, en segundo debate, la reforma que modificaría el canon que pagan los concesionarios de frecuencias de radio y televisión.
Caso Teletica
Teletica advirtió que la reforma al proyecto de ley podría sacarlos de la televisión abierta. Debido a que la iniciativa establece un gravamen anual de hasta un 7,73% sobre los ingresos brutos por el uso de frecuencias, lo que, según la empresa, comprometería su operación.
La empresa señaló que está de acuerdo con actualizar el canon, pero sostuvo que el cambio podría llevar al cierre del canal y afectar la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
Sobre el proyecto
La reforma, aprobada en primer debate y enviada a consulta a la Sala Constitucional, establece un canon calculado según los ingresos brutos anuales de cada concesionario. El porcentaje varía según el nivel de ingresos y alcanza hasta un 7,73% para televisión y un 3,13% para radio sobre el exceso del monto establecido.
La iniciativa llega después del fallido proceso de subasta de frecuencias impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a finales de 2025.
La subasta incluía frecuencias de radio AM, FM y televisión, con precios base de entre $9.600 y $1,6 millones. El proceso recibió 25 ofertas y fue posteriormente anulado por la Sala Constitucional, tras críticas de concesionarios y medios regionales por los elevados costos.