Gobierno insiste en debilitar controles previos de la Contraloría
La presidenta Laura Fernández presentó un proyecto de ley para reformar las funciones de la Contraloría General de la República (CGR) y reducir el alcance de sus controles previos sobre obras, contratos y decisiones administrativas.
La iniciativa reforma la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno. El objetivo es que el órgano contralor concentre su labor en una fiscalización posterior sobre las instituciones que integran la Hacienda Pública.
El Gobierno de Laura Fernández retoma así una discusión que ya había impulsado la Administración de Rodrigo Chaves. Esa administración presentó en 2024 la denominada Ley Jaguar, con la que también buscó modificar las funciones y potestades de fiscalización de la Contraloría. La Sala Constitucional declaró esa propuesta inconstitucional en dos ocasiones.
El proyecto establece que la Contraloría no podrá intervenir en decisiones de oportunidad y conveniencia, definir los objetivos de la gestión pública ni determinar los medios que las instituciones utilicen para alcanzarlos.
Contraloría no podría suspender actos y contratos
La propuesta establece que las investigaciones especiales o auditorías de la Contraloría no podrán suspender la ejecución de estudios, análisis, actos y contratos del Estado. Una suspensión únicamente podría efectuarse mediante una orden judicial, según el texto.
En materia de aprobación de contratos, la iniciativa mantiene la potestad de la Contraloría para refrendar aquellos que legalmente requieran este procedimiento, pero establece un plazo máximo de 20 días hábiles, que se reduce a 10 días para solicitudes relacionadas con empresas públicas en competencia.
Además, incorpora el silencio positivo, de manera que si la Contraloría no se pronuncia dentro del plazo establecido, la solicitud se entendería aprobada.
La propuesta también establece que las auditorías internas se concentren en fiscalizar la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos autorizados.
Segundo proyecto sobre controles previos
La propuesta ocurre después de que la diputada oficialista Mayuli Ortega presentó un proyecto para eliminar los controles previos de la Contraloría sobre contratos y obras de infraestructura.
La nueva iniciativa del Poder Ejecutivo deberá ser asignada a una comisión legislativa, donde comenzará su trámite.