Fiscalía pedirá prórroga de prisión preventiva para imputados de Madre Patria
Imagen ilustrativa de un cartel del Ministerio Público.
La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) solicitará una prórroga de la prisión preventiva para los 18 imputados del caso Madre Patria, luego de que un tribunal dejara sin efecto la resolución que les había sustituido esa medida cautelar por otras menos gravosas.
Una vez que sean recapturados, los imputados deberán permanecer cinco días en prisión preventiva, plazo que restaba de la medida cautelar al momento en que fue modificada en febrero de 2026. Durante ese período, la FAEDO presentará la solicitud de prórroga ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, órgano competente para resolver la extensión de esta medida cautelar.
Entre las personas que deberán regresar a prisión preventiva figura el exjuez de la República Luis Venegas Marín.
Fiscalía cuestionó la decisión que permitió la liberación
El Ministerio Público apeló la resolución que permitió la liberación de los imputados al considerar que carecía de fundamentación, contenía una valoración errónea de las pruebas aportadas por las defensas para acreditar el arraigo y generaba un alto riesgo de fuga e impunidad.
Por su parte, la defensa solicitó que la apelación se declarara inadmisible. Argumentó que la prisión preventiva se estaba utilizando como una pena anticipada y que los imputados ya cumplían otras medidas cautelares.
Tribunal cuestionó los arraigos presentados
En su resolución, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José concluyó que la mayoría de los domicilios y lugares de trabajo aportados por las defensas para justificar la liberación no eran reales ni estaban consolidados.
Según los jueces, varios correspondían a sitios donde los imputados nunca habían vivido ni trabajado, por lo que eran insuficientes para descartar el riesgo de fuga.
Además, señalaron que la resolución de enero aceptó como válidos arraigos que ya habían sido rechazados por tribunales superiores, sin que existieran hechos nuevos que justificaran modificar ese criterio.
El Tribunal también consideró que los riesgos procesales continúan vigentes debido a la magnitud del perjuicio investigado, las penas que podrían enfrentar los imputados y la capacidad económica de algunos de ellos para sustraerse de la acción de la justicia.
¿Qué investiga el caso Madre Patria?
Se trata de una investigación por criminalidad organizada contra una estructura que, según el Ministerio Público, se dedicaba al despojo de propiedades pertenecientes extranjeros.
De acuerdo con la investigación, la organización verificaba si los propietarios se encontraban fuera del país con la presunta colaboración de un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), quien supuestamente facilitaba esa información.
Una vez confirmada la ausencia de los dueños, los sospechosos presuntamente realizaban movimientos fraudulentos en sociedades anónimas y confeccionaban nombramientos falsos para apropiarse de los inmuebles.
La Fiscalía sostiene que el dinero obtenido era legitimado mediante distintas operaciones, entre ellas la constitución de hipotecas, inversiones en empresas de autobuses y proyectos urbanísticos, así como la compra de criptomonedas, vehículos de lujo y otros bienes.
Además, las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente apuntan a que la organización habría pagado sobornos a oficiales y funcionarios públicos para obtener beneficios, como evitar sanciones de tránsito a sus autobuses.