Fiscalía investiga a exfuncionario del MEP por contratación con empresa que ganó licitación
Esteban Arroyo, exfuncionario del MEP.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación penal contra Esteban Arroyo, exsubdirector de Recursos Tecnológicos de Educación del MEP, por el presunto delito de prohibiciones posteriores al servicio del cargo.
El artículo 53 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece que "será penado con cien a ciento cincuenta días multa, el funcionario público que, dentro del año siguiente a la celebración de un contrato administrativo mayor o igual que el límite establecido para la licitación pública en la entidad donde prestó servicios, acepte empleo remunerado o participación en el capital social con la persona física o jurídica favorecida", siempre que haya participado en alguna de las fases del proceso: el diseño y la elaboración de las especificaciones técnicas o los planos constructivos, la selección y adjudicación, el estudio y la resolución de los recursos administrativos contra la adjudicación, o la inspección, fiscalización de la etapa constructiva o la recepción del bien o servicio correspondiente.
El Ministerio Público confirmó que sigue la causa directamente contra el exfuncionario luego de que CR Hoy revelara en exclusiva que Arroyo participó en el diseño técnico de una licitación que el MEP adjudicó a la empresa ACS Sabanilla y, un mes después de dejar su puesto, la misma compañía lo contrató.
El contrato en cuestión asciende a ₡4.250 millones y contempla la compra de 7.000 equipos de cómputo por demanda, destinados a 500 centros educativos del país.
Entre julio de 2025 y marzo de 2026, Arroyo participó directamente en la preparación técnica de esa contratación y estudios de mercado mientras ejercía como subdirector de Recursos Tecnológicos de Educación.
MEP abre su propia investigación
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, ordenó una investigación interna y puso en evaluación la continuidad del contrato con ACS Sabanilla. Además, dispuso preservar toda la documentación del proceso y prohibió que Arroyo participe en nuevas gestiones ante la institución.
Arroyo dejó el MEP el 7 de mayo de 2026 y, un mes más tarde, ACS Sabanilla lo contrató para gestionar el mismo contrato en el que había trabajado desde la institución pública.
Documentación en poder de CR Hoy muestra que Arroyo asistió a al menos cuatro reuniones en el MEP relacionadas con el proyecto: el 13 de junio, el 14 de julio, el 11 de agosto y el 17 de agosto, fecha en que el contrato quedó en firme.
Al conocerse la situación, una dependencia del MEP remitió el caso, el 21 de agosto, a la Dirección de Proveeduría Institucional y al Viceministerio Académico, para que ambas instancias analizaran el proceder correspondiente desde el ámbito de la contratación pública.