Chaves descarta pagar deuda del Estado con la CCSS
Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de Presidencia. Créditos: Asamblea Legislativa
El ministro de Hacienda Rodrigo Chaves descartó destinar recursos para pagar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Chaves se refirió al tema este martes, durante la presentación del presupuesto nacional en la Asamblea Legislativa. La deuda estatal con la institución supera los ¢4 billones.
El mandatario sostuvo que girar el dinero sin contar con una conciliación clara sería irresponsable y posiblemente ilegal, pese a que sí hay conciliaciones con Hacienda.
Chaves también aseguró que la CCSS no puede precisar cuánto tiene en cuentas por cobrar al Gobierno, lo cual es impreciso.
CCSS sostiene que existen respaldos
La posición del Gobierno contrasta con lo señalado en mayo por la CCSS. La institución aseguró que las diferencias con Hacienda se concentran en los montos y los métodos de cálculo, pero no en la existencia de las obligaciones.
La deuda total rondaba entonces los ¢4,4 billones. El seguro de salud concentraba cerca de ¢3,7 billones.
Las obligaciones incluyen las cuotas de poblaciones aseguradas por el Estado, aportes complementarios para trabajadores independientes y el financiamiento de leyes especiales. También abarcan rubros como la fecundación in vitro y las pruebas de paternidad.
La Caja afirmó que cuenta con bases de datos sobre patronos, trabajadores y pensionados para respaldar los cobros. Uno de los principales cálculos corresponde al 0,25% de la masa salarial reportada.
Según indicó el jerarca financiero suspendido de la CCSS, Gustavo Picado, en algunos procesos se alcanzó una coincidencia del 99% de los datos con Hacienda.
La institución reconoció la posibilidad de discrepancias menores, como registros de personas fallecidas que no se depuraron oportunamente. Sin embargo, sostuvo que esas diferencias no cambian de manera significativa el monto total.
Exdirectivo afirma que el 92% está conciliado
En febrero de 2026, el exdirectivo de la CCSS José Luis Loría aseguró ante la comisión legislativa que investigaba presuntas irregularidades en la institución que el 92% de la deuda ya estaba conciliado.
"Falta un trecho muy pequeño; sin embargo, se usa de excusa que no está conciliada para ni siquiera abonar a la deuda que tiene el Gobierno con la Caja", manifestó.
Loría advirtió que la falta de recursos afecta áreas como la contratación de personal, las listas de espera y las necesidades de infraestructura. También atribuyó la falta de pago a una ausencia de voluntad política.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, afirmó que la deuda todavía no estaba definida debido a las discrepancias entre Hacienda y la Caja sobre algunos montos.
Incumplimiento aumentó durante este Gobierno
Datos de la Contraloría General de la República (CGR) señalan que la administración de Chaves acumuló la mayor morosidad con la CCSS de los últimos cinco gobiernos.
En 2022, el Estado dejó de pagar el 70% de las obligaciones generadas por el modelo de financiamiento subsidiado. Este cubre la atención de personas en pobreza y pobreza extrema, así como el seguro de la niñez.
El cumplimiento fue del 30% ese año y cayó al 22% en 2023. Para diciembre de 2024, la deuda alcanzó los ¢3,5 billones, una cifra equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB).
En enero de 2025, el monto llegó a ¢4,2 billones. De esa suma, ¢3,5 billones, equivalentes al 82,22%, correspondían al Seguro de Salud.
Durante años, la CCSS trató de atender la deuda mediante acuerdos con el Ministerio de Hacienda. Desde 2003 se firmaron más de 12 convenios de pago, incluido uno por $420 millones en 2016. Sin embargo, el crecimiento de las obligaciones hizo insuficiente este mecanismo.
Ante esta situación, la CGR recomendó avanzar hacia un proceso formal de cobro que podría llegar a los tribunales si la vía administrativa no produce resultados.
La Caja se encuentra en una fase preparatoria. Ya inició cobros específicos por recursos del impuesto al tabaco, dispositivos de vapeo y gastos administrativos. Estos casos deben completar el debido proceso antes de llegar a instancias judiciales.