Fiscalía advierte aumento de estafas por auge de la IA y filtración de datos
El avance de la inteligencia artificial (IA) y la reciente filtración de bases de datos con información sensible de ciudadanos provocarán un aumento en la cantidad y complejidad de los fraudes informáticos, según prevén tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como el Ministerio Público.
Ante este escenario, estas instituciones encargadas de investigar y perseguir estos delitos reconocen que enfrentan importantes desafíos: desde vacíos legales para el manejo de evidencia digital hasta recortes presupuestarios que amenazan su capacidad de respuesta frente al cibercrimen.
El análisis del OIJ apunta a un panorama preocupante. El 2025 fue un año histórico con más de 16 mil denuncias por estafa informática, contra 7.400 en lo que va del año. Aunque algunas estadísticas recientes muestran una disminución en determinadas modalidades, los investigadores prevén un repunte impulsado por el auge de las herramientas de inteligencia artificial, que todavía no se percibe por completo.
A este fenómeno se suma un factor que agrava el escenario: la vulneración y filtración de grandes bases de datos con información confidencial; los archivos ya circulan en manos de estructuras delictivas. Las proyecciones apuntan a que los delincuentes utilizarán esa información para perfeccionar sus métodos de engaño en los próximos meses, según explicó Sergio Rodríguez, jefe de la Sección de Fraude Informático del OIJ.
Actualmente, los especialistas del OIJ revisan las denuncias que ingresan a la institución para detectar indicios del uso de inteligencia artificial en la ejecución de fraudes. Aunque, por el momento, los agentes no han identificado casos confirmados en los que se haya utilizado esta tecnología para estafar, las autoridades mantienen la alerta.
La tendencia criminal a nivel mundial muestra un uso creciente de la IA para cometer delitos, y el OIJ prevé que Costa Rica no estará al margen de ese fenómeno.
Falta de normativa
Desde la Fiscalía, la valoración coincide con la de la Policía Judicial. Miguel Ramírez, jefe de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, reconoce que aunque la inteligencia artificial no es una tecnología nueva, su utilización masiva por parte de estructuras criminales representa un desafío para el sistema de justicia.
Históricamente, la sociedad ha aprovechado sus beneficios en campos como la medicina y la industria. Sin embargo, las bandas criminales también recurren a estas herramientas para facilitar y ocultar sus operaciones ilícitas.
Para enfrentar esta amenaza, Costa Rica participa en foros internacionales y mantiene colaboración con el Consejo de Europa, con el objetivo de adquirir conocimientos técnicos y capacitar a los funcionarios judiciales en el manejo de estas herramientas digitales.
Sin embargo, identificar a los ciberdelincuentes mediante herramientas tecnológicas es solo una parte del desafío. El proceso judicial también enfrenta obstáculos. La Fiscalía reconoce que Costa Rica carece de una legislación suficientemente robusta en materia de ciberseguridad.
Actualmente, fiscales y jueces recurren a conceptos internacionales y a los lineamientos del Convenio de Budapest para orientar las investigaciones, pero enfrentan dificultades prácticas a la hora de llevar estos casos ante los tribunales.
Uno de los principales obstáculos es la naturaleza de la evidencia digital, que plantea dificultades para su comprensión y tratamiento bajo los conceptos tradicionales del derecho. Como explicó Ramírez, el delito cibernético no se ve, no se oye, no se respira ni se huele.
Lograr que esa evidencia llegue intacta y sin cuestionamientos a los tribunales requiere procedimientos rigurosos. La tecnología también ha transformado los métodos de investigación, con la posibilidad de realizar allanamientos digitales y utilizar programas informáticos para recolectar indicios que antes requerían la intervención directa de funcionarios.
No obstante, el sistema judicial necesita actualizar y regular estos procedimientos para evitar que, en el futuro, pruebas fundamentales sean cuestionadas o anuladas durante los juicios por problemas en su obtención o manejo.
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Falta de recursos
A estos desafíos legales y tecnológicos se suma la amenaza de los recortes presupuestarios. Investigar la ciberdelincuencia y desarticular redes de crimen organizado que operan desde distintos países requiere recursos económicos y tecnológicos considerables.
La reducción de fondos afecta la capacidad operativa de la policía judicial. Pese a ello, el OIJ asegura que mantiene sus esfuerzos contra estas estructuras criminales. Para enfrentar las limitaciones presupuestarias, la institución apuesta por la capacitación continua de sus agentes y la cooperación internacional.
El apoyo de gobiernos aliados y cuerpos policiales extranjeros ha sido clave para el Poder Judicial. Esta colaboración permite desarrollar investigaciones conjuntas que trascienden las fronteras y facilita el acceso a capacitación forense especializada para los funcionarios locales.
Ese respaldo también contribuye a mantener las capacidades de investigación del país frente a fenómenos criminales que requieren herramientas especializadas.
Frente a una delincuencia tecnológica cada vez más sofisticada y recursos estatales limitados, las autoridades consideran que la prevención y la educación ciudadana son fundamentales para reducir la incidencia de estos delitos.
Las jefaturas del OIJ reconocen que la acción policial, por sí sola, no puede eliminar el fraude informático. Por eso, consideran indispensable fortalecer las campañas de información y las alertas preventivas dirigidas a la población.
En esa línea, la policía judicial y la Fiscalía consolidaron una alianza con la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para impulsar una campaña de prevención y educación. La iniciativa busca sumar esfuerzos contra los delincuentes mediante información que permita a los ciudadanos reconocer y evitar las estafas.
Las autoridades esperan que una mayor educación preventiva reduzca la cantidad de personas que caen en estos engaños y, con ello, el volumen de denuncias que recibe el sistema judicial. Esto permitiría que los investigadores concentren más recursos en perseguir a los responsables de las grandes estructuras de delincuentes que organizan fraudes a gran escala.
La principal recomendación es desconfiar y verificar antes de actuar. Si una persona recibe una llamada o un mensaje sospechoso, incluso cuando quien se comunica conoce datos personales que fueron filtrados, debe detenerse y confirmar la información por medio de canales oficiales.
En esta nueva etapa del cibercrimen, la prevención y la cautela de los ciudadanos son fundamentales para evitar que los delincuentes aprovechen la información robada y las nuevas herramientas tecnológicas para cometer fraudes.