Fiscalía abreviaría procesos contra Diablo bajo estrictas condiciones
La Fiscalía no descarta llegar a acuerdos con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, para que el líder criminal acepte su culpabilidad en las causas que enfrenta. Cualquier negociación se realizaría bajo término rigurosos, confirmó el fiscal general, Carlo DíaZ.
El abogado Cristian Rodríguez, defensor del cabecilla narco, explicó el lunes anterior que Arias no sostiene su inocencia y que está consciente de las acusaciones judiciales que enfrenta. Por ello, estaría anuente a someterse a procedimientos especiales abreviados.
Esta alternativa permite concluir un proceso penal de forma anticipada, sin necesidad de llegar a juicio público, siempre que el imputado acepte los cargos a cambio de una rebaja en la pena. Aunque la Fiscalía estaría abierta a agilizar los procesos mediante esta figura, no aceptará cualquier negociación.
El Ministerio Público no está dispuesto a que Diablo reciba una condena igual o inferior a la impuesta a sus cómplices.
"No vamos a negociar una pena inferior a la que ya se les impuso a las personas que sí se sometieron a un juicio. También habría que valorar el grado de participación y si él, dentro de esa organización que fue condenada, tenía una posición de liderazgo, porque eso haría que la pena también aumente", detalló Díaz.
Será durante las próximas semanas cuando comiencen las conversaciones entre ambas partes. No obstante, todo dependerá de que Arias Monge esté dispuesto a asumir su responsabilidad antes de que un tribunal lo declare culpable.
La primera causa por la que responde se remonta a hechos ocurridos en Pococí en 2015, período en el que operaba como sicario antes de consolidarse como uno de los principales líderes del narcotráfico en el país.
El caso ya cuenta con acusación formal y solicitud de apertura a juicio. El resto de los responsables fue condenado en noviembre de 2024, mientras que Arias fue declarado rebelde y permanecía prófugo.
Además, afronta dos expedientes por venta de drogas y robo agravado, abiertos en 2019 y 2020, respectivamente, así como una causa por amenazas contra funcionario público, luego de ofrecer recompensas a cambio de asesinar a policías.
A estos procesos se suma el caso Colorado, una investigación que en 2023 destapó la estructura financiera y la red de legitimación de capitales que, según la Fiscalía, sustentaba la organización criminal.