Comisión de Seguridad acumula mes y medio sin discutir proyectos de Laura Fernández
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presidida por el oficialismo, acumula un mes y medio sin iniciar la discusión por el fondo de los primeros seis proyectos de ley en materia de seguridad presentados por la presidenta Laura Fernández.
Se trata de reformas al Código Procesal Penal y al sistema penitenciario, presentadas por la mandataria ante la Asamblea Legislativa el pasado 15 de junio.
Tras su presentación, el presidente de la comisión, el diputado oficialista Gonzalo Ramírez, aseguró que las iniciativas avanzarían con celeridad al Plenario Legislativo. Sin embargo, hasta la fecha esto no ocurrió.
A ese primer paquete se sumaron otras cinco iniciativas impulsadas por la presidenta, presentadas el pasado 27 de julio, por lo que la comisión tiene ahora un total de 11 proyectos de seguridad pendientes de trámite.
En el caso de las primeras seis propuestas, la comisión acordó enviarlas a consulta de distintas instituciones hace más de un mes. Esos criterios están próximos a regresar al expediente legislativo y, una vez incorporados, el foro podrá comenzar su discusión.
El oficialismo cuenta con mayoría en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, por lo que tiene los votos suficientes para enviar los proyectos a una subcomisión, aprobar los informes correspondientes y dictaminar las iniciativas para remitirlas al Plenario Legislativo, sin depender del respaldo del bloque democrático.
Previo a esta publicación, se le consultó al presidente del foro, el diputado Gonzalo Ramírez, y al jefe de bancada del PPSO, Nogui Acosta, sobre el trámite a seguir con el primer grupo de iniciativas; pero no se obtuvo respuesta.
De momento, se desconoce el plazo en que darían trámite a las iniciativas.
Proyectos de Seguridad
Los primeros seis proyectos presentados por la mandataria el pasado 15 de junio son:
Ley Gerson Rosales
La presidenta Laura Fernández dijo que, de aprobarse esta ley, se presume que la respuesta armada de un oficial "debe presumirse como legítima defensa".
La iniciativa fue llamada como el oficial Gerson Rosales, asesinado en Batán este año.
Castigo por pertenecer a organizaciones criminales
La propuesta crea una pena de entre uno y seis años de prisión para quien pertenezca a una organización criminal, aun cuando no se le atribuya otro delito.
Reforma contra la reincidencia
El proyecto plantea que todo reincidente enfrente prisión preventiva como medida cautelar y que los jueces impongan la pena más alta cuando cometa un nuevo delito dentro de un plazo de 15 años.
Cambios a los beneficios de ejecución de la pena
El proyecto establece que los privados de libertad deberán participar en un trabajo remunerado para optar por beneficios de ejecución de la pena.
Según la propuesta, el salario se distribuiría de la siguiente manera:
- 35% para el sistema penitenciario.
- 35% para las familias de las víctimas del delito.
- 20% para el apoyo familiar de la persona condenada.
- 10% para un fondo de ahorro a su favor.
Endurecimiento de sanciones por pistas clandestinas
La iniciativa aumenta de cinco a diez años la pena de prisión para propietarios o arrendatarios de terrenos donde se construyan pistas clandestinas.
Registro permanente para delitos contra la vida
La denominada Ley para la Seguridad Nacional propone que las condenas por delitos contra la vida permanezcan durante 15 años en la hoja de delincuencia después de cumplida la pena.
Sin embargo, esos antecedentes nunca se eliminarían de los registros judiciales y policiales.
A esta lista se suman cinco nuevas propuestas presentadas por la mandataria al Congreso el pasado 27 de julio. Estas iniciativas ya fueron convocadas por el Ejecutivo para su conocimiento en sesiones extraordinarias y deberán ingresar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para iniciar su trámite legislativo.