Acuerdo entre fracciones avanza plan para endurecer penas por delitos ambientales
Un acuerdo entre las fracciones del bloque democrático y el oficialismo permite avanzar el proyecto de ley que busca endurecer las penas de prisión por delitos ambientales cometidos por organizaciones criminales, como la minería ilegal en Crucitas.
La iniciativa, impulsada por el exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles, reforma varias leyes ambientales para aumentar las sanciones cuando estos delitos sean ejecutados por bandas organizadas.
Actualmente, el Código de Minería establece penas de tres meses a cinco años de prisión para quienes desarrollen actividades de reconocimiento, exploración o explotación minera dentro del Patrimonio Natural del Estado, como parques nacionales, reservas biológicas y otras áreas silvestres protegidas.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, destacó el acuerdo alcanzado entre las distintas fracciones para impulsar la iniciativa y fortalecer la protección de los recursos naturales y las especies silvestres.
Además, explicó que, con el consenso político, el proyecto será aprobado en primer debate y posteriormente se retrotraerá a comisión para incorporar un texto sustitutivo elaborado con los aportes de todas las bancadas.
La diputada liberacionista Diana Murillo afirmó que es necesario imponer sanciones más severas a las organizaciones criminales que obtienen ganancias mediante la explotación ilegal de los recursos naturales, como ocurre en Crucitas.
Castigos por delitos ambientales
La iniciativa actual plantea agravar entre dos y cuatro años de prisión las penas previstas en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Pesca y Acuicultura, cuando los delitos sean cometidos por un grupo estructurado de dos o más personas que actúe de manera concertada.
El proyecto también reforma el artículo 6 de la Ley de Protección de Tortugas Marinas, con penas de entre uno y tres años de prisión para quienes maten, cacen, capturen, destacen, trasieguen o comercialicen tortugas marinas, y de tres meses a dos años para quienes retengan con fines comerciales o vendan productos de estas especies.
En el caso del Código de Minería, el proyecto incorpora un agravante mayor: las penas aumentarían de tres a seis años de prisión cuando los delitos sean cometidos por organizaciones criminales.
Asimismo, mantiene la pena de tres meses a cinco años de prisión para quienes realicen actividades de reconocimiento, exploración o explotación minera dentro del Patrimonio Natural del Estado.
Con la aprobación en primer debate, el expediente será retrotraído y remitido a la Comisión de Ambiente, donde se presentará un texto sustitutivo que recoja los acuerdos alcanzados entre las fracciones.