Diputado oficialista cuestiona captura de “Diablo” y lanza advertencia presupuestaria al Poder Judicial

El diputado oficialista Fernando Obaldía criticó la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, durante la operación "Némesis" y advirtió que, si continúan las decisiones que el Gobierno cuestiona del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa no le aprobará más recursos.

Así lo manifestó este miércoles durante su espacio de control político en el Plenario Legislativo.

Las declaraciones se suman al discurso del oficialismo, que cuestiona el operativo policial y la detención del líder narco. Incluso, la presidenta Laura Fernández también criticó la forma en que se desarrolló la captura.

Durante su intervención y sin fundamentos, Obaldía uso términos como "historia incompleta", "escenografía preparada" y un "chiripazo", en alusión al operativo que permitió la detención de Arias Monge.

Aunque reconoció la labor de los ocho agentes del OIJ que resultaron heridos, el legislador también puso en duda la muerte de alias Coco Guácimo, pese a que las autoridades confirmaron oficialmente su fallecimiento tras el operativo.

Obaldía afirmó que ese reconocimiento a los oficiales no impide que el oficialismo mantenga críticas contra los jerarcas del Poder Judicial, a quienes cuestionan por realizar conferencias de prensa y denunciar los recortes presupuestarios.

El pasado lunes, la presidenta Laura Fernández cuestionó el tiempo que tomó el traslado de Arias Monge, alias Diablo, para su audiencia judicial. Posteriormente, el fiscal general Carlo Díaz aclaró que el líder narco permaneció reunido durante ese lapso con dos agentes de la DEA.

Recortes presupuestarios

Las declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Hacienda comunicó al Poder Judicial que no girará ₡5.731 millones provenientes de plazas vacantes, recursos que estaban previstos para fortalecer la seguridad pública.

Ese monto se suma al recorte de ₡3.053 millones correspondiente al ajuste del 5% del presupuesto anunciado por Hacienda para este año.

A esto se le suman los más de ₡8.600 millones que Hacienda se niega a girar al Poder Judicial y que estaban destinados a reforzar la lucha contra la criminalidad.