7 empleados del PANI llevan 2 años suspendidos con goce de salario
7 empleados del PANI llevan dos años suspendidos con goce de salario
Siete funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) cumplen dos años suspendidos con goce de salario por una investigación relacionada con presuntas irregularidades en expedientes utilizados en procesos de protección de menores de edad.
El procedimiento sigue sin una resolución definitiva y, según una estimación del Sindicato de Empleados del PANI (SEPI), esa medida cautelar ya le habría costado al Estado más de ₡218 millones, con base en un salario promedio de ₡1,3 millones mensuales por funcionario y sin contar las cargas sociales.
Para el presidente del SEPI, Ovidio Fernández, la duración del procedimiento administrativo evidencia deficiencias en la gestión institucional.
El dirigente sindical señaló que durante el proceso se habrían presentado situaciones que podrían constituir vicios procesales, entre ellos posibles escenarios de prescripción y caducidad por periodos de inactividad del expediente.
"Nos preocupa mucho que estos dineros hayan afectado el patrimonio institucional, pero por decisiones no acertadas de la administración, además de una afectación al principio de justicia pronta y cumplida", agregó.
Fernández también aclaró que los funcionarios suspendidos tienen derecho a seguir percibiendo su salario mientras no exista una resolución firme.
"Debemos aclarar que es el derecho que les asiste. Ellos están en un proceso donde no se ha demostrado su culpabilidad y no podría haber una sanción. Por eso toda suspensión debe ser con goce salarial", explicó.
Entre los funcionarios suspendidos figuran profesionales en Trabajo Social, Psicología y Derecho.CR Hoy consultó al PANI sobre la etapa en que se encuentra el procedimiento administrativo, las razones por las que aún no ha concluido, los factores que han retrasado la investigación, el salario que percibe cada uno y cómo justifica la institución el costo que ha representado mantener estas suspensiones durante casi dos años.
Asimismo, se le consultó si existe un plazo para emitir una resolución definitiva y si el procedimiento se mantiene únicamente contra esos siete funcionarios o se amplió a otras personas.
No obstante, al momento de la publicación de esta nota, el Patronato Nacional de la Infancia no había respondido las consultas.
El caso
El 7 de agosto de 2024, el Patronato Nacional de la Infancia anunció la suspensión de los siete funcionarios como medida cautelar dentro de una investigación por presuntas irregularidades. En ese momento, la institución únicamente informó que los empleados laboraban en cuatro oficinas locales de distintas partes del país, sin revelar cuáles eran.
Seis días después, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó seis allanamientos: cinco en oficinas del PANI ubicadas en Alajuela, Cariari, Orotina y Puerto Jiménez, y uno más en el Hogar Montiel, en Santa Ana.
Durante los operativos fueron detenidos cinco funcionarios quienes son investigados por los presuntos delitos de trata de personas en la modalidad de adopción irregular, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la investigación del OIJ, los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2022. Según la policía judicial, los sospechosos presuntamente alteraban información contenida en expedientes relacionados con menores de edad.
En ese momento, el entonces director general del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que la investigación permitió determinar que, aparentemente, los funcionarios incorporaban información falsa en los dictámenes técnicos.
"Por ejemplo, decían que las familias consumían drogas con el fin de excluir a la persona menor de edad de su núcleo familiar y trasladarla a un centro de cuido", indicó.
Además, el OIJ informó que la investigación permitió identificar aparentes irregularidades en la ubicación de personas menores de edad, supuestas deficiencias en los procesos administrativos relacionados con adopciones y la presunta emisión de testimonios falsos para apartar a niños y adolescentes de sus familias biológicas y ubicarlos en familias adoptivas, mientras estas recibían el subsidio económico que otorga el PANI durante el proceso de protección.
Investigación penal continúa abierta
CR Hoy también consultó recientemente al Ministerio Público sobre el avance de la causa penal quienes agregaron que la causa continúa abierta.
"La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes informó que el caso se mantiene en investigación, a la espera de que la policía judicial remita un informa. Actualmente, las personas imputadas no cuentan con medidas cautelares".