Regidor llama a presentar observaciones a reforma del reglamento de patentes
Afueras de la Municipalidad de San José.
La Municipalidad de San José sometió a consulta pública una propuesta de reforma al Reglamento de Patentes Municipales, cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 17 de julio. La iniciativa busca modernizar el marco normativo que regula el otorgamiento de licencias comerciales.
El regidor Brandon Guadamuz aseguró a CR Hoy que se opone a la propuesta, pues considera que algunos de sus artículos exceden lo que permite la legislación vigente en materia de patentes municipales. Por esa razón, hizo un llamado a la ciudadanía para que presente observaciones mientras el texto permanezca en consulta pública, plazo que vence el próximo 3 de agosto.
La propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal. Recibió el voto favorable de Mariana Zúñiga, Rafael González, José Manuel Jiménez y Luis Murillo Cruz. En contra votaron Juan Diego Gómez, Marco Ramírez Chan y Brandon Guadamuz.
Preocupaciones
Guadamuz señaló que una de sus principales preocupaciones es que la propuesta incorpora requisitos y limitaciones que, a su criterio, no están contemplados en la legislación vigente. Entre ellos mencionó la creación de nuevas categorías de licencias, regulaciones sobre zonificación y un régimen sancionatorio que, según afirmó, "carece de respaldo legal".
Otro de los aspectos que ha generado debate es la inclusión de referencias a la "moral" y las "buenas costumbres". No obstante, el regidor indicó que, a su juicio, esas menciones corresponden únicamente a una reproducción del artículo 90 del Código Municipal, incorporada por razones de jerarquía normativa.
Aun así, sostuvo que se trata de una práctica obsoleta que debería eliminarse mediante una reforma legal en la Asamblea Legislativa.
"Es muy subjetivo y, a lo largo de la historia, se ha usado para discriminar negocios de manera arbitraria".
¿Qué plantea la reforma?
El texto publicado en La Gaceta indica que la reforma pretende fortalecer los mecanismos de control y fiscalización mediante definiciones más claras, procedimientos simplificados y el uso de herramientas tecnológicas. Asimismo, incorpora disposiciones orientadas a proteger la salud pública, la seguridad ciudadana, el orden urbano y el ambiente.
El artículo 14 regula los motivos para denegar una patente comercial. En ese apartado se establece que la Municipalidad podrá rechazar una solicitud de licencia, incluidas las renovaciones, cuando la actividad sea contraria al ordenamiento jurídico o afecte el orden público, la seguridad ciudadana o la convivencia social en el cantón.
"Se considerará que existe una alteración del orden público cuando, mediante inspección municipal o denuncias formales de vecinos u otros, realizadas por los medios oficiales para tal fin, se verifiquen ruidos excesivos, disturbios, afectación al descanso nocturno u otras conductas que comprometan la paz y la tranquilidad del entorno", señala el reglamento.
Por su parte, el artículo 53 regula el control municipal del ruido y la coordinación interinstitucional. En ese punto se establece que toda persona titular de una patente deberá desarrollar su actividad económica de manera que no genere perturbaciones graves o reiteradas al orden público, la convivencia social, la tranquilidad de la población ni al uso pacífico del entorno urbano, conforme a las condiciones bajo las cuales fue otorgada la licencia y a la normativa municipal.
Además, el artículo 58 establece obligaciones especiales para los establecimientos con potencial de generar molestias sonoras. Entre ellas se incluyen:
- Implementar y mantener medidas de mitigación del ruido.
- Contar con aislamiento acústico u otros mecanismos de control de emisiones sonoras.
Otro de los artículos señalados es el 68, que regula la clausura permanente de establecimientos. Ese apartado dispone que un comercio podrá ser clausurado cuando exista una denuncia formal comprobada por hechos considerados inmorales, contrarios a las buenas costumbres o que constituyan violaciones al ordenamiento jurídico y esas situaciones no hayan sido corregidas dentro del plazo otorgado.