Fiscal advierte de “comprometida situación operativa” del Ministerio Público en 2023

(CRHoy.com) El fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, advirtió la mañana de este lunes de una "comprometida situación operativa" del Ministerio Público para el 2023, dado el recorte presupuestario hecho por el Gobierno de la República.

Al jefe del órgano acusador del Estado, la Corte Plena le concedió un espacio para referirse a la afectación que sufrirá la institución por una disminución de unos ¢129 millones en su plan de gastos para el 2023. Esto en la antesala de la defensa del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, prevista para el próximo miércoles en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

"De no asignarse los recursos presupuestarios, el Ministerio Público entraría también en una comprometida situación operativa que haría irrealizable el cumplimiento de la labor que nos es asignada por ley.

"Instamos vehementemente a mantener los montos mínimos establecidos en el anteproyecto, el cual de por sí ya significaba una fortísima limitación para las acciones del próximo año, pero más lo será con los rebajos que han sido notificados y realizados de forma inconsulta por las autoridades del Ministerio de Hacienda", indicó Molina Ruiz.

El fiscal enumeró problemas de funcionamiento derivados de los recortes de subpartidas como la de horas extra, aún y cuando estas son necesarias para la participación de funcionarios en allanamientos, juicios, audiencias y otras diligencias. Sumado a ello, se tiene que el Ministerio Público además afrontaría un recorte en los montos dispuestos para los viáticos y transportes de servidores, para los mismos fines antes indicados.

Asimismo, mencionó problemas para el pago de alquileres de edificios, lo que imposibilitaría la atención de usuarios, en el tanto que la institución carece de infraestructura para reubicar al personal y, consecuentemente, este tendría que ir a teletrabajo.

CRHoy.com dio a conocer el 12 de setiembre anterior que la Fiscalía sufriría un recorte de ¢29 millones en su plan de gastos para peritajes matemáticos y culturales -necesarios para conocer, por ejemplo, el daño material de un hecho delictivo-, las interconsultas y las traducciones.

De igual forma, se prevé una disminución de ¢100 millones para equipo de cómputo; mismo que haría a la entidad incurrir en un incumplimiento contractual.

"Es un tema de acceso a la justicia"

Misma situación vaticinó el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, en relación con los ordenadores que utilizan día a día los funcionarios de esa entidad. Las rebajas por ese concepto dejarían a los funcionarios de la institución sin esos insumos durante el último cuatrimestre del año entrante.

Otras subpartidas con afectación que enumeró la cabeza del órgano son las de pago de servicios, alquileres, impuestos municipales, limpieza y seguridad; ante lo cual advirtió de una potencial exposición de bienes del Estado, frente a deterioro, insalubridad o ausencia de resguardo.

Los ¢214 millones rebajados golpean también viáticos y transportes, tanto de personal como de usuarios sin capacidad económica para arribar a las instalaciones de la Defensa Pública, puntualizó Pérez Murillo.

"Ya no es solo un tema de operatividad, es un tema de acceso a la justicia. Estamos de alguna manera, a través de un recorte presupuestario, denegando este concepto que es tan esencial para las personas que tienen condición de vulnerabilidad", dijo el director.

"Con mucho respeto hago un llamado, y no dudo, que el miércoles se haga una importante defensa del presupuesto del Poder Judicial, pero tenemos que, y esencialmente, las personas que hicieron este recorte de manera inconsulta, deben comprender cómo y de qué manera no solo se está afectando a una institución, sino también a los usuarios, a personas sin recursos que deben ser atendidas con calidad y excelencia", agregó.

El recorte dispuesto por la administración de Rodrigo Chaves Robles al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia es por un total de ¢7.838 millones. Esta disminución fue comunicada por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el 26 de agosto pasado con la consolidación del Presupuesto Nacional de 2023. Para justificar la rebaja, el jerarca adujo que, al considerar el pago de intereses, quedó claro que la demanda de recursos para la cancelación de la deuda "consume cada vez más los ingresos probables" que se estiman para los próximos años.