Fernández condiciona entrega de presupuesto que OIJ y Fiscalía requieren para operar en 2026
La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este domingo que condicionará la liberación de recursos del Poder Judicial para lo que resta de 2026, en momentos en que la institución enfrenta un recorte que deberá tramitarse mediante un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda había planteado una reducción de ₡27.000 millones, pero Fernández aseguró que dio la instrucción para que el recorte sea finalmente de ₡11.000 millones, equivalente, según afirmó, a un 2% del presupuesto del Poder Judicial.
El presupuesto extraordinario busca modificar las autorizaciones de gasto vigentes durante el segundo semestre de 2026 y deberá ser remitido al Congreso para su trámite.
Sin embargo, la presidenta advirtió que los recursos serán liberados en tractos y bajo tres condiciones, por lo que la disponibilidad efectiva de esos fondos quedará sujeta al cumplimiento de los pasos que planteó durante la cadena nacional.
La primera condición es que las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial que se encuentran en el Banco de Costa Rica (BCR) sean evaluadas por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, actualmente controlada por el oficialismo.
Como segundo requisito, Fernández pidió que la Contraloría General de la República (CGR) certifique el cumplimiento de las disposiciones derivadas de sus auditorías sobre las obras financiadas mediante ese fideicomiso.
El tercer paso consiste en que esa misma comisión y posteriormente el plenario legislativo, donde el oficialismo también tiene mayoría, den luz verde al Ministerio de Hacienda para liberar los fondos.
De esta manera, la liberación de los recursos quedaría condicionada a un proceso de revisión en el que el oficialismo tendría una posición mayoritaria en las dos instancias legislativas señaladas por la presidenta.
La mandataria justificó las condiciones con cuestionamientos a la administración de los recursos del Poder Judicial y afirmó que la Asamblea deberá valorar el desempeño de la institución antes de autorizar la liberación de los fondos.
Entre los aspectos que mencionó están la mora judicial, actuaciones de la Fiscalía, errores judiciales, impunidad y corrupción.
La presidenta también señaló como ejemplo de gastos que, a su criterio, deben ser revisados el alquiler del edificio que alberga a la Sala Constitucional. Afirmó que pasó de $102.000 mensuales en 2017 a $122.000 desde 2024.
Fernández sostuvo que las instituciones del Gobierno asumirán la rebaja que originalmente se pretendía aplicar al Poder Judicial, pero insistió en que la liberación de los recursos estará condicionada a los controles que planteó.
