Extesorero del BN condenado a 30 años de cárcel por sustracción de ₡3.293 millones de bóvedas
El por tanto fue leído por los jueces Franz Paniagua, Rosaura García y Alfredo Arias. CRH
El extesorero del Banco Nacional, Ricardo Olivas Valle, fue sentenciado a 30 años de prisión por varios delitos de peculado, tras ser declarado culpable este jueves por la multimillonaria extracción de dinero de las bóvedas de la sede central de la entidad.
Olivas fue sentenciado por 33 delitos de peculado. Por cada uno se le impuso 10 años de prisión. Así las cosas se le condenó por un total de 330 años. Una pena que fue readecuada a los 30 años.
El Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública acogió parcialmente la solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que lo acusó por 33 delitos y que en principio pidió una pena total de 339 años de cárcel.
Al exfuncionario también se le impuso una inhabilitación de 30 años para ocupar cargos públicos.
El denominado caso Gallo Tapado permitió destapar la sustracción de ₡3.293 millones —aproximadamente $6 millones— de las bóvedas de la sede central de la institución, en San José, mediante el método conocido como "hormigueo".
Olivas Valle, de 37 años y funcionario del banco desde 2014, sustraía fajos de billetes ocultos dentro de sobres de manila. Aprovechaba un horario diferenciado, entre las 4:16 p. m. y las 5:27 p. m., cuando el resto del personal ya se había retirado, así como un punto ciego en la cobertura de una de las cámaras de vigilancia del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE).
CR Hoy divulgó en exclusiva gran parte de las grabaciones que posteriormente funcionaron como pruebas durante el juicio. En ese punto sin visibilidad para las cámaras, el extesorero introducía los fajos de dinero dentro de sobres de manila amarillos.
La única barrera física que enfrentaba el sospechoso para sacar los sobres con dinero de las instalaciones era un guarda de seguridad de apellidos Bolaños Zúñiga. Los videos revelaron cómo este oficial habría facilitado el robo, presuntamente al omitir la revisión de los sobres cuando Olivas abandonaba el edificio y permitir así que burlara los controles de seguridad.
El esquema operó durante varios años gracias a la falta de arqueos físicos y auditorías exhaustivas en la tesorería de procesamiento de efectivo, entre 2019 y 2023. El dinero robado se destinó principalmente a la compra masiva de lotería de la Junta de Protección Social (JPS). Las autoridades señalaron un patrón de ludopatía en el sospechoso.
Debido al gran volumen de fracciones adquiridas, Olivas obtenía premios que posteriormente utilizaba para justificar el origen de los recursos. En su vivienda se decomisaron cerca de 3.000 fracciones de lotería. La Fiscalía también señaló la colaboración de otros funcionarios bancarios en el encubrimiento y la facilitación del delito, aunque estos son perseguidos en una causa aparte.
El Banco Nacional detectó internamente el faltante en octubre de 2023. Olivas tramitó su jubilación el 4 de octubre de ese año, un día después de que se descubriera el caso. La denuncia judicial se presentó 21 días después. Al mes siguiente, el OIJ y la Fiscalía ejecutaron allanamientos y detuvieron a Olivas, quien permanece en prisión preventiva desde entonces.
La Procuraduría General de la República (PGR) también presentó sus conclusiones y solicitó el pago de una indemnización de ₡50 millones por daño moral. El principal argumento de la PGR para plantear esta acción civil resarcitoria fue el grave desprestigio causado a la imagen del Banco Nacional por los "memes", chistes y burlas públicas que desató el millonario desfalco.