Empleados y sociedades: Así logró familia evadir el pago de ¢380 millones de impuestos
Magistrados rechazaron recursos de Casación y sostuvieron la condena de 10 años de prisión
Archivo (CRH)
(CRHoy.com) Una familia empresaria logró evadir al fisco durante dos años consecutivos, entre 2001 y 2002 hasta ser condenada a diez años de prisión por el delito de evasión.
Los condenados son un hombre de apellidos Soto Mora, socio mayoritario de las empresas El Regalón, así como sus hijas apellidos Soto Navarro, y sus empleados, uno de apellido Huertas, además de dos hombres de apellidos Murillo Hernández.
¿Cómo lograron engañar a Hacienda? La resolución de un recurso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, interpuesto por el abogado de los acusados, revela que la estructura delictiva ideó un plan que consistió en la creación de más de 50 personerías jurídicas, es decir sociedades anónimas, cada una de ellas estaba representada por más de 80 personas físicas, que de acuerdo con el contenido de la investigación, eran empleados de las empresas de Soto Mora, así como familiares.
La dinámica operativa se diseñó de manera tal que todas las tiendas instaladas en las provincias de Limón, San José, Heredia, Guanacaste y Puntarenas, estaban entrelazadas entre sí, a pesar de que en el registro de Tributación, aparecían con operaciones individualizadas.
Es decir, los acusados crearon más de 50 sociedades anónimas con nombres diferentes, pero todas tenían las operaciones de El Regalón y para esos efectos, las presidían las personas cercanas a la familia Soto, de forma que cada ingreso que entraba, iba para cuentas administradas por los ahora sentenciados.
La estructura contó con la gestión especializada en contabilidad de Huertas, quien estaba encargado de administrar los dineros que entraban a todas las cuentas separadas, para posteriormente unirlos en una sola.
Compra y venta
El contenido del expediente judicial, al que CRHoy.com tuvo acceso, revela que varias de las sociedades anónimas previamente diseñadas operativamente por Soto, tenían la función de comprar mercancías, mientras que el resto, que también le pertenecían, le compraba esos mismos productos.
De esta forma, ante tributación aparecía una reducción de costos operativos por compra y venta de productos, y de ese modo se dejaba de percibir porcentajes altos por impuestos, que al final, en ese periodo comprendido entre 2001 y 2002, ascendieron a ¢380 millones.
El director de Tributación Carlos Vargas informó que en el proceso hubo dificultades debido a que todas las sociedades anónimas habían pasado por varios empleados, y por ende, cuentas bancarias asociadas.
Precisamente ese detalle derivó del levantamiento del secreto bancario que fue solicitado por las autoridades judiciales a fin de que pudieran establecer los alcances de la evasión.
Los magistrados de la Sala Tercera -Penal-, rechazaron los recursos interpuestos por el abogado de la familia, y sostuvieron la condena de 10 años de prisión para ellos, convirtiéndose así en el primer caso en la historia del país que va a prisión por un delito contra el fisco.