Diputados cuestionan “pasividad” de auditor del Conavi sobre vía a San Carlos
Legisladores señalaron posible inacción para denunciar presuntas irregularidades
(CRHoy.com). Hannia Rosales, exdirectora ejecutiva a.i. del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), junto con Reynaldo Vargas Soto, auditor interno de esa entidad, comparecieron este jueves ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para referirse a presuntas anomalías en la construcción de la nueva carretera a San Carlos, en el tramo Sifón-La Abundancia.
Vargas dijo que ya presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y se hizo una relación de hechos desde el punto de vista administrativo sobre las presuntas anomalías en la inclusión del proyecto en el inventario de rutas nacionales atendidas bajo contratos de conservación vial.
Los legisladores, como Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fustigaron una supuesta pasividad del departamento de Auditoría Interna para agilizar las quejas sobre las anomalías en la construcción.
A esas quejas se unieron Carolina Delgado, también del PLN y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA).
Bajo el criterio de los diputados, la Auditoría Interna del Conavi tardó años en apuntar con severidad sobre las falencias que habrían ocurrido en el desarrollo de la obra. Sin embargo, el funcionario se desmarcó.
"Hay que tener claro que las auditorías del sector público tienen un marco legal por el que deben moverse. Lo que sea de conocimiento. Si no es de nuestro conocimiento, tenemos esa limitación. Muchas veces, es a propósito que se encubre la información al auditor. Eso hay que tenerlo claro", comentó Vargas.
En tanto, el auditor acotó que las denuncias se plantearon con base en el informe final de fiscalización que efectuó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) entre julio de 2018 y octubre de 2019. Esa entidad detectó que, en el proyecto, se pagaron sobrecostos por más de $106 millones debido a "reajustes" de precios y reclamos.
Además, se detectó que el Conavi invirtió más de ₡1.295 millones mediante contratos de conservación vial en el tramo central de la nueva ruta a San Carlos (29 kilómetros entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada) sin que ese trayecto estuviera aún incluido en la red vial nacional pavimentada.
Esta situación, advertida en un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), elaborado en mayo de 2021 y publicado el 21 de julio de 2021, ocurrió pese a que esta ruta no figuraba en los contratos que entraron en vigor en 2016.
Vargas recalcó que en el proyecto se hicieron movimientos de partidas presupuestarias que no estuvieron justificadas adecuadamente.
"El ardid. El juego que hay con las cantidades que se trasladan de un lado a otro y no hay trazabilidad de esas cantidades. Si se vuelven realmente al puente al que se tomaron o si vuelve a la parte de la excavación que correspondía. Ese movimiento de cantidades no queda concretamente reflejado y no hay una trazabilidad de la información", expuso Vargas, quien expresó que será el Ministerio Público el ente encargado de dilucidar posibles conductas delictivas.
Según el auditor, empresas constructoras como Herrera o Ecoterra, que tenían los contratos de conservación para la Zona Norte, realizaron intervenciones de mantenimiento y conservación en el tramo Sifón-La Abundancia sin que estuviera formalmente incluida en el inventario de rutas nacionales.
Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país.
Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.
La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) optó por romper el contrato y enderezar el rumbo de la obra. Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.
Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005 cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.
Una inspección realizada por el Lanamme en 2021 detectó la existencia de 5 fallas geológicas en distintos puntos de los 30 kilómetros que involucran el tramo central, las cuales agravan la vulnerabilidad de 68 taludes inestables identificados cerca de la carretera. Además, se encontraron 2 mil puntos con riesgo de deslizamiento.
El MOPT durante el gobierno de Alvarado estimó que, para concluir todo el trazado, que superaría los 50 kilómetros en total, se requieren $300 millones. De los cuales, $225 millones serán financiados por el BID y $100 millones por el Conavi.
El ministro Amador adelantó semanas atrás que, en octubre, cuando reciban el diseño, tendrán también listo el cartel de licitación para adjudicar las obras del tramo sur. A partir de esto, se deberán seguir procedimientos internos del BID y el interés es adjudicarlo en 2023.
Por mientras, hay numerosos pendientes por resolver: un hundimiento en el kilómetro 21, la necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Laguna y una pugna legal por la existencia de un humedal en el sector de La Culebra. En total, hay 40 puntos críticos por atender debido a inestabilidades geológicas.
La carretera se dividió en 3 tramos independientes: la punta norte (Florencia-Ciudad Quesada, en operación desde 2018 tras inversión de $14 millones), el central y la punta sur (Sifón-San Miguel de Naranjo).