CTP rompió contrato con “app” para taxistas: operación no duró ni los 2 años

El Consejo de Transporte Público (CTP) contrató el desarrollo y operación de una aplicación móvil para taxistas, pero con menos de 2 años de operación, la entidad estatal optó por romper el acuerdo de manera unilateral.

Se trata de la plataforma Batsë, desarrollada por la empresa costarricense Trustnet Information Security S. A., la cual fue contratada a través de una licitación promovida en 2020 mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

El desarrollo de la aplicación fue gestionado por la institución para atender un requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la necesidad de contar con mecanismos más adecuados para la fiscalización del servicio de taxis. Además, para brindar la oportunidad de competir en condiciones similares a plataformas como Uber o DiDi (que llegaron al país posterior a 2015).

El contrato entre el CTP y la compañía se firmó el 25 de noviembre de 2020. La operación de la plataforma arrancó en todo el país a partir del 29 de abril de 2021.  Entre las partes, se acordó una contratación por un monto anual de ₡13.5 millones por el lapso de 1 año, con 3 prórrogas facultativas de hasta 4 años.  Esa cantidad de recursos anuales se debían pagar a la empresa para la gestión de los datos que arrojaría mensualmente el uso de la "app". De aproximadamente 10.300 concesiones de taxistas formales registradas al 30 de noviembre de 2022, contaban con 6.640 estaban inscritas a la "app" (entre usuarios y concesionarios).

La junta directiva del CTP conoció el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta 11-2023, un informe legal, solicitado desde 2022 por la cúpula institucional, que planteó 2 escenarios para romper el contrato: rescindir, pagando y finiquitando, lo correspondiente, o mantenerlo y rescindirlo 2 meses antes del 3 de diciembre de 2023 (antes de que se prorrogara).

El 10 de mayo de 2023 la cúpula institucional aprobó, de manera unilateral, el rompimiento del contrato amparada en una cláusula del acuerdo y alegando que la utilización de la plataforma "no ha sido viable". Sin embargo, desde finales de 2022, la empresa alegó ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) un presunto incumplimiento contractual aduciendo que el CTP varió "sobre la marcha" las condiciones pactadas.

Para los concesionarios era obligatorio inscribirse a la plataforma, pero no para los conductores que trabajan en la calle.

¿Dónde se origina el presunto incumplimiento denunciado por la empresa? Es en este último aspecto señalado. Contrario a lo acordado inicialmente, de última hora la entidad estatal optó por poner en marcha la plataforma a través de un "plan piloto" en el que el uso de Batsë no resultó obligatorio para los taxistas.

Este cambio, según la empresa, provocó que la oferta de servicios a través de la "app" fuera escasa. Es decir, pocos choferes se conectaban para captar clientes vía Batsë.

La "no obligatoriedad" y el uso casi nulo impidieron conseguir el 10% de comisión por cada servicio, del cual el 2% iría destinado a la empresa por la gestión y la operación de la "app".

En este aspecto, según el reclamo de la compañía, figura el incumplimiento contractual debido a que la Administración contrató una plataforma cuyo uso no se incentivó a través de una obligatoriedad.

La pugna en el TCA es de conocimiento de las autoridades del CTP. En la sesión de junta directiva del 15 de marzo de 2023, Laura Sánchez Navarro, de la dirección de asuntos jurídicos de la institución, calificó como "delicado" el planteamiento hecho por la compañía en la demanda.

"La empresa se había proyectado, y así lo presentó ante el TCA, sumas de dinero que iban a generales a ellos, ganancias sobre las pasarelas de pago, verdad, por el uso de la aplicación, por cada uno de los de los usuarios del servicio de taxi, digamos, es el punto más delicado que tiene la demanda. Obviamente, yo no les puedo decir si se va a ganar o se va a perder el proceso, pero este es uno de los puntos más críticos que tiene la demanda, porque ellos presentan prueba que bien puede ser valorada por el tribunal, en el sentido de que si se mantiene la ejecución contractual, podríamos estarle generando pérdidas y daños y perjuicios a la empresa durante todo el período contractual restante, verdad, el año y resto que tenemos por delante, verdad, en caso de que sea de la renovación también del 2023 a 2024", expuso la funcionaria, en esa oportunidad.

La rescisión del contrato fue notificada a Trustnet Information Security S. A. hasta el 17 de agosto de 2023. Es decir, 3 meses después de tomada la decisión.

En marzo de 2023, sin que el contrato tuviera 2 años, el CTP acordó procurar una rescisión. Captura de pantalla/Actas CTP

Llamativa intención

Desde antes de romper el contrato con Batsë, existiendo el contrato activo, Luis Amador Jiménez, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, habló sobre la posibilidad de desarrollar una nueva aplicación para que los taxistas pudieran competir con otras plataformas.

En esa misma línea, el 25 de setiembre de 2023, Gilbert Ureña Fonseca, directivo del CTP presentó una moción para que la entidad y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) operaran de manera conjunta una aplicación dirigida a atender al sector de los taxistas formales.

Ese día, se instruyó a la dirección ejecutiva de la entidad comisionar a la dirección técnica o al departamento que considere pertinente, "la realización de un estudio sobre la posibilidad de que el CTP pueda desarrollar una aplicación para el transporte público, modalidad taxi".

Batsë, ofrecía un sistema similar al de las plataformas extranjeras. Por ejemplo, permitía que el usuario marcarar su destino y se calculara la tarifa según el recorrido. Se podía pagar en efectivo o con tarjeta. Aal final del viaje, el cliente podía calificar el servicio.

La aplicación Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, contaba con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.

Actualmente, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa siguen discutir propuestas claras para regular el funcionamiento de este tipo de plataformas.