Contraloría vuelve a advertir al Cosevi por no tener plan claro ante fin de contrato con Riteve
Hay ausencia de un procedimiento que regule cierre contractual y definición del modelo de prestación del servicio
(CRHoy.com). A casi 8 meses para que venza el contrato entre el Estado y la empresa española Riteve para brindar el servicio de Inspección Técnica Vehicular (ITV), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) sigue sin tener una ruta clara para definir el futuro del cierre contractual estimado para el 15 de julio de 2022.
Tal y como lo hizo en julio, la Contraloría General de la República (CGR) publicó este lunes un informe elaborado el pasado 13 de octubre en el que advierten 4 situaciones puntuales: hay ausencia de un procedimiento que regule el cierre contractual y la definición del modelo de prestación del servicio de revisión técnica por parte de la institución estatal, existen debilidades en el avance y la ejecución de la planificación para continuar con el servicio y no hay elementos mínimos en la planificación de la estrategia a seguir.
"La Administración inició algunas acciones en el marco de la planificación de la estrategia para garantizar la continuidad de dicho servicio público. Sin embargo, se evidenció que no cuenta con un procedimiento que regule de manera cíclica, específicamente, los procesos relacionados con el cierre contractual, la definición y revisión del nuevo modelo de prestación del servicio de ITV y su transición de nuevos prestatarios cuando así corresponda.
"Tampoco cuenta con un programa de trabajo que defina una estrategia oficial e integral, que incorpore elementos básicos de planificación como objetivos, metas, indicadores, cronograma actualizado de todas las acciones, incluyendo las fechas de inicio de la transición a los nuevos prestatarios del servicio, así como aquellas coordinaciones necesarias de cara al cierre contractual, la recopilación de datos u otros que la Administración considere incorporar, para su monitoreo y control", advirtió el informe DFOE-CIU-IF-00004-2021.
Uno de los principales riesgos detectados es que, con el reloj en contra, el Cosevi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no poseen una valoración de los riesgos según las acciones a ejecutar, el cual permita la identificación de eventos potencialmente adversos, así como acciones que permitan minimizar sus efectos, en caso de materializarse.
"A la fecha quedan pendientes actividades básicas como la definición formal del nuevo modelo de prestación del servicio, así como la obtención de información necesaria para el establecimiento de variables como el modelo tarifario que se utilizará para fijar la tarifa de la inspección técnica vehicular, siendo que, durante el período del alcance de esta auditoría la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no ha recibido la información completa que ha solicitado a la Administración para la ejecución de sus funciones en cuanto a definición del modelo tarifario y a la fijación tarifaria", citó el ente contralor, el cual también subrayó que han recibido informaciones parciales por parte de la Administración.
La CGR giró directrices al Cosevi y al MOPT para que en las próximas semanas alisten un documento que regule el proceso de regulación de las etapas de planificación, ejecución y evaluación del cierre contractual con Riteve.
Además, las instituciones deberán poner en marcha un plan que incluya todas las actividades a ejecutar, la remisión de los estudios técnicos, análisis jurídicos y financieros, los análisis de riesgos y las coordinaciones necesarias con Aresep.
El contrato
El Estado y la empresa española sostienen desde 2002 el contrato para la Revisión Técnica Vehicular de la flotilla de automotores existe en el país.
Desde entonces, Riteve es la única empresa autorizada para ofrecer el servicio de inspección que se instauró como requisito para circular en las carreteras.
El vínculo contractual era de 10 años. Pero, en 2012 se prorrogó por una década más. La empresa tiene 17 estaciones en todo el territorio nacional (13 fijas y 14 móviles).

