CCSS inicia cobro judicial contra Hacienda y Salud por ₡65 mil millones del impuesto al tabaco
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició el proceso para reclamar por la vía judicial más de ₡65.432 millones que adeudan los ministerios de Hacienda y Salud por el impuesto al tabaco, correspondientes al periodo 2020-2024.
Según un oficio de la Gerencia Financiera y la Dirección Financiero Contable, se solicitó a la Dirección Jurídica interponer la demanda para recuperar los recursos que, según la institución, le corresponden en virtud de la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley 9028).
La CCSS identificó como demandados al Estado, representado por los ministerios de Salud y de Hacienda.
De acuerdo con la documentación, la deuda principal asciende a ₡65.432.165.082,09 por facturas acumuladas entre 2020 y 2024. A ese monto se suman intereses por ₡1.087.661.849,87, calculados al 31 de mayo de 2025.
La institución informó que el 28 de febrero de 2025 notificó formalmente el adeudo a ambos ministerios mediante una resolución administrativa. El Ministerio de Salud presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio el 7 de marzo, mientras que Hacienda no interpuso recursos.
Posteriormente, la Dirección Financiero Contable rechazó la revocatoria y, el 16 de julio de 2025, la Gerencia Financiera declaró sin lugar la apelación presentada por Salud. Con esa resolución quedó agotada la vía administrativa.
La certificación emitida por la CCSS señala que todas las resoluciones fueron notificadas a las partes y que no quedaron recursos pendientes de resolver.
En el oficio remitido a la Dirección Jurídica, la Gerencia Financiera indicó que las gestiones de cobro administrativo no permitieron recuperar los recursos adeudados.
"Si bien a la fecha se han ejecutado las gestiones cobratorias en sede administrativa, estas han resultado infructuosas y no se ha logrado la recaudación del monto adeudado", señala el documento.
Ante ese escenario, la institución solicitó iniciar el proceso de cobro judicial para recuperar los recursos correspondientes al impuesto al tabaco acumulados entre 2020 y 2024.
La Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley 9028), promulgada en marzo de 2012, estableció un impuesto específico de ₡20 por cada cigarrillo, cigarro, puro de tabaco y sus derivados.
Originalmente, el artículo 29 de esa legislación destinaba el 60 % de la recaudación a la CCSS. Sin embargo, una reforma aprobada en setiembre de 2019 redujo esa participación al 55 %, pese a la oposición de la institución, que advirtió sobre el impacto que tendría la disminución de esos recursos.