Caso UPAD: inicia audiencia de apertura de celulares del Presidente
Diligencia se lleva a cabo en el auditorio del Ministerio Público y se extenderá hasta marzo
Ingreso de Rodolfo Brenes, abogado del Presidente Carlos Alvarado.
(CRHoy.com) Las autoridades judiciales tienen programada la apertura y el respaldo de la información de los teléfonos y la computadora decomisados al presidente de la República, Carlos Alvarado, por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La audiencia privada fue programada para las 9 a.m. en el auditorio de la unidad de capacitación del Ministerio Público.
El abogado Rodolfo Brenes, representante legal del mandatario explicó que la diligencia se extenderá hasta el mes de marzo y para hoy se espera que se realice la coordinación de cómo va a funcionar el proceso.
La revisión se da luego de que en febrero del 2020 se ejecutara un allanamiento histórico en Casa Presidencial por la causa 20-5434-042-PE donde se investiga el presunto delito de prevaricato.
En el expediente se investiga al Presidente Carlos Alvarado, al exministro de la Presidencia, Víctor Morales; el exviceministro de Mideplan, Luis Daniel Soto y los asesores Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Felly Salas, Luis Salazar, y Diego Fernández, quienes hacían labores relacionadas con la UPAD.
Los hechos se remontan al 21 de febrero del 2020, cuando CRHoy.com denunció la publicación del decreto Nº41.996-MP-Mideplan, que establecía la creación de la UPAD, y que le daba a dicha organización la potestad para el manejo de datos personales e incluso confidenciales de cada costarricense.
Para el día 24 de febrero, en una cadena de televisión, el presidente Carlos Alvarado, reconoció "errores" en la creación de la cuestionada unidad.
"Quiero señalar con toda claridad que se cometieron errores con este tema, por lo tanto ordené de inmediato derogar el decreto (…) la formulación de algunos conceptos estaba errada, especialmente en su artículo 7", dijo el mandatario.
Tras el decomiso de los teléfonos del presidente, se presentaron recursos para impedir las diligencias por varios meses, no obstante, la Sala Tercera dio el aval para que se ejecutara el proceso.