Carlo Díaz advierte que elegir al fiscal general en el Congreso politizaría la persecución penal
Carlo Díaz, fiscal general, advirtió que el proyecto de ley de la diputada oficialista Marta Esquivel, que pretende que el jefe del Ministerio Público sea electo en una votación política en la Asamblea Legislativa, debilitaría la institución y a todo el sistema judicial.
Para el jerarca, trasladar el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia al Congreso implicaría politizar la designación y la persecución penal. Esto arriesgaría q que se inicien causas penales con fines políticos o que se garantice la impunidad a quienes están en el poder polítici.
Debilitar esta independencia impediría que la ley se aplique con igualdad, dando paso a favoritismos y persecuciones arbitrarias. Díaz explica que, como el parlamento es un órgano político, las decisiones responden a intereses partidarios.
"Un fiscal no puede estar al servicio de una casta política, no puede prestarse para eventuales persecuciones selectivas y mucho menos cerrar los ojos ante conductas delictivas de quienes lo eligieron o de ciertos grupos o personas afines a ellos. Por el contrario, debe ser valiente, independiente y objetivo para perseguir penalmente al delincuente, al corrupto y al narcotraficante, sin importar su posición o poder. Su compromiso es con la legalidad, no con intereses particulares", detalló Díaz.
El funcionario fue tajante: el fiscal no puede ser amigo del presidente, de los diputados ni de los magistrados, sino que su relación con ellos debe limitarse a la coordinación de funciones y competencias. Sin embargo, también tiene que investigarlos con firmeza cuando deba hacerlo.
Por eso, considera que un modelo de designación politizado no fortalece la transparencia, como se pretende hacer ver. Por el contrario, la debilita y abre la puerta a cuestionamientos sobre la imparcialidad e independencia del fiscal general y sobre la legitimidad de sus actuaciones.
"Este tipo de iniciativas deben ser rechazadas con responsabilidad y visión de Estado. La justicia penal no puede ni debe quedar sujeta a intereses políticos coyunturales. Su fortaleza radica, precisamente, en su independencia y en la confianza que genera en la ciudadanía", señaló.
Para el fiscal general, si realmente se desea fortalecer al Ministerio Público, el camino sería alejarlo aún más de las designaciones políticas y avanzar hacia el reconocimiento de su independencia mediante un rango constitucional.
Estos cuestionamientos se suman al rechazo de la Corte Plena al proyecto de la oficialista Esquivel. Los magistrados concluyeron unánimemente que la propuesta es una iniciativa peligrosa para la democracia y que constituiría una grave afrenta a la independencia de poderes.
Los magistrados señalaron que la propuesta violenta la Constitución Política y la independencia judicial, ya que la Asamblea Legislativa no puede otorgarse, mediante una ley ordinaria, potestades de nombramiento que no están contempladas constitucionalmente.