SIP advierte que decreto de secreto de Estado amenaza la libertad de prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que un decreto firmado por la presidenta Laura Fernández, que declara como secreto de Estado información relacionada con seguridad y lucha contra el crimen organizado, podría afectar la libertad de prensa y el acceso ciudadano a información de interés público.
El decreto fue publicado el lunes 10 de agosto en el diario oficial La Gaceta y establece como reservada información, documentos, presupuestos, planes operativos y contratos de compras públicas vinculados con esas áreas.
Entre la información contemplada se encuentra la relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo denominado Fuerza Élite.
La SIP señaló que los Estados pueden proteger información cuya divulgación pueda poner en riesgo operaciones de seguridad, funcionarios o terceros. Sin embargo, consideró que la clasificación como secreto de Estado debe aplicarse de manera excepcional, con límites claros y bajo controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública.
La organización expresó especial preocupación por la inclusión de presupuestos, gastos y procedimientos de contratación pública, debido a que estos ámbitos están directamente relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, cuestionó además que el decreto establezca un deber de confidencialidad indefinido para funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas con los organismos incluidos en la disposición, con posibles sanciones para quienes divulguen o compartan información clasificada.
Esto podría dificultar el trabajo periodístico y la investigación de asuntos de interés público.
Los directivos de la organización instaron al Gobierno de Costa Rica a garantizar que cualquier restricción al acceso a la información cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, además de mantener mecanismos efectivos de control judicial y ciudadano.
La SIP también pidió diferenciar entre la información estrictamente operativa cuya reserva pueda justificarse por razones de seguridad y aquella relacionada con presupuestos, contrataciones, uso de recursos públicos y actuaciones administrativas, que, según la organización, debe mantenerse sujeta a los principios de transparencia y rendición de cuentas.