Asociación de jueces pide debate público entre candidatos a la Presidencia de la Corte
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) solicitó, junto con otras organizaciones de funcionarios judiciales, que se realice un debate público entre los candidatos que buscarán la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección se realizará este mes, luego de que el magistrado Orlando Aguirre anunciara que no continuará cuatro años más en el cargo.
Acojud dirigió una carta a la Corte Plena junto con otras ocho agrupaciones, en la que solicitan máxima transparencia en la elección que se avecina, especialmente en el contexto de asedio que afronta el Poder Judicial.
Aunque reconocen que la atribución exclusiva de elegir a la Presidencia corresponde a la Corte Plena y que no pretenden votar, codecidir, vetar candidaturas ni imponer puntajes vinculantes, las organizaciones consideran que se debe garantizar que la decisión se tome con base en información pública y comparable.
La propuesta consiste en organizar una mesa pública de diálogo antes de la elección, en la que todas las candidaturas presenten, en igualdad de condiciones, su visión de liderazgo, prioridades y propuestas. Además, plantean transmitir la actividad en vivo por los canales institucionales del Poder Judicial y publicar con antelación los planes de trabajo o de gestión de los candidatos.
También pretenden habilitar espacios para que las organizaciones judiciales, la judicatura, el Ministerio Público, el OIJ, la Defensa Pública, el sector administrativo y la ciudadanía puedan formular preguntas sobre las competencias requeridas para el cargo.
Además, sugirieron conducir el diálogo mediante periodistas independientes con trayectoria reconocida, con el fin de garantizar la imparcialidad y la igualdad en el tiempo de participación. La intención es que el debate permita valorar diversos criterios de las candidaturas.
Entre ellos se encuentran la integridad y la conducta ética comprobadas; la independencia real respecto de intereses políticos, económicos o particulares; la defensa activa de la independencia judicial, tanto externa como interna; la capacidad comprobada de gestión; el compromiso con reformas urgentes, como garantizar una justicia pronta, reducir la mora judicial, simplificar procedimientos y promover el uso responsable de tecnologías y de inteligencia artificial; así como la capacidad de diálogo, transparencia, rendición de cuentas y ausencia de conflictos de interés.
"Es una intención de absoluta transparencia, un interés genuino de que se discuta de forma muy abierta los atestados de las personas que propongan su nombre para la presidencia de la Corte Suprema. Ya no es una decisión que compete solo a las personas que eligen, que eso no está en discusión, el carácter elector.
Pero el derecho de petición para que se transparente la idoneidad, los compromisos y los objetivos de quien vaya a tener la cabeza del Poder Judicial es muy necesario que lo conozcamos no solo al interno, sino la ciudadanía. La justicia es un bien público que tiene que defenderse y los primeros llamados son quienes están en la cabeza del Poder Judicial", señaló Adriana Orocú, presidenta de Acojud.
La petición fue firmada también por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), la Asociación Costarricense de Juezas, la Asociación de Juezas y Jueces de Familia de Costa Rica, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajud) y la Asociación Nacional de Investigadores Judiciales (Anic).
Se sumaron también el Sindicato de la Defensa Pública, la Asociación Nacional de Profesionales en Derecho del Poder Judicial, la Asociación Costarricense de Profesionales en Psicología del Poder Judicial y la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial.
La pretensión también es que la solicitud sea tramitada antes de que se definan las reglas y se efectúe la elección de la Presidencia. Las organizaciones piden que se convoque públicamente a los interesados para que formalicen sus candidaturas y presenten sus planes de trabajo, así como que se publiquen oportunamente las hojas de vida (currículos) y demás documentos que aporten.
El debate propuesto comprende cinco fases: una exposición inicial de diez minutos, preguntas generales comunes, consultas de gremios judiciales y de la ciudadanía y, finalmente, un espacio de cinco minutos para exponer compromisos y mecanismos de rendición de cuentas. No obstante, las organizaciones plantean a la Corte Plena que la actividad pueda realizarse con otra metodología.
El sustento normativo de la solicitud se ampara en los derechos de participación y petición establecidos en la Constitución Política (artículos 9 y 27). Además, se fundamenta en la Circular 88-2017 del Poder Judicial, la Ley N.° 10.325 sobre votación pública, el fallo 2024-036954 de la Sala Constitucional y los principios institucionales de publicidad y transparencia.