Así responderían los candidatos a presidir la Corte ante el recorte presupuestario
Agotar el diálogo con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, defender la autonomía del Poder Judicial con argumentos técnicos y recurrir a los mecanismos legales disponibles son parte de las estrategias que plantean los cuatro magistrados que aspiran a presidir la Corte Suprema de Justicia ante el recorte y el congelamiento de recursos previstos para 2027.
La magistrada Patricia Vargas estima que la institución enfrentaría una reducción directa de más de ₡10.000 millones y el congelamiento de casi ₡30.000 millones. En conjunto, el Poder Judicial dispondría de ₡40.000 millones menos respecto del presupuesto de 2026.
El congelamiento responde a reglas de ejecución presupuestaria específicas para el Poder Judicial, que condicionan la disponibilidad de esos recursos a autorizaciones externas durante el año.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro advierte que las disposiciones restringen el uso de ₡29.000 millones y limitan la gestión de plazas vacantes. Según sostiene, estas condiciones provocarían un "problema gravísimo de operación" desde el primer día de 2027.
Así responderían los candidatos
Damaris Vargas apuesta por el diálogo y la comunicación asertiva con los diputados y el Poder Ejecutivo. Considera que la institución debe mantener una relación respetuosa con las autoridades, independientemente de quién ejerza el poder. Sin embargo, establece un límite: "La independencia judicial no es negociable ni por mí ni por nadie".
Patricia Solano defiende una posición basada en criterios técnicos y constitucionales. Recuerda que el Poder Judicial ya presentó observaciones ante la Asamblea Legislativa para advertir que el recorte propuesto vulneraría disposiciones constitucionales.
Además, sostiene que, debido a sus posibles efectos sobre la organización y el funcionamiento de la Corte, la iniciativa requiere una mayoría calificada en el Congreso. Su estrategia consistiría en vigilar el cumplimiento de la ley y promover que la ciudadanía también defienda la independencia judicial.
Gerardo Rubén Alfaro propone ejercer un liderazgo firme, pero sereno, y procurar "coincidir más que discrepar". Su planteamiento consiste en agotar el diálogo y presentar argumentos técnicos para demostrar que el presupuesto solicitado contiene los recursos mínimos necesarios para operar.
No obstante, advierte que, si la negociación no prospera, deben defender la institución mediante los mecanismos que permite la ley.
Patricia Vargas también considera necesario mantener el diálogo y respetar las competencias de cada poder, pero insiste en que la independencia judicial no debe negociarse.
¿Hay margen para más recortes?
Los aspirantes consideran que el Poder Judicial tiene poco margen para nuevos ajustes presupuestarios. Aunque Damaris Vargas reconoce que la situación financiera obliga a las instituciones públicas a contener el gasto, sostiene que el Poder Judicial ya opera con recursos limitados.
Alfaro defiende que la elaboración del presupuesto judicial responde a un proceso técnico y riguroso, en el que, según afirma, "ni una peseta de lo que se formula no se necesita".
Además, explica que la institución ya realizó un esfuerzo considerable de ajuste interno para elaborar el presupuesto de 2027 y que la propuesta enviada al Ministerio de Hacienda contempla "lo mínimo para mantener el funcionamiento".
Solano, por su parte, recuerda que la Constitución Política establece un porcentaje mínimo del presupuesto nacional para el Poder Judicial, con el propósito de resguardar su independencia financiera.
Según la magistrada, esa garantía busca evitar que la institución tenga que estar cada año "casi que mendigando los recursos para poder cumplir con su función".
Riesgo de cierres y más atrasos judiciales
Los candidatos advierten que las restricciones presupuestarias podrían afectar directamente los servicios judiciales y las labores de investigación criminal. Entre los principales riesgos mencionan la reducción de personal, el cierre de despachos y las limitaciones tecnológicas y operativas.
Uno de los puntos de preocupación es el congelamiento de 2.463 plazas que actualmente están ocupadas de manera interina. Patricia Vargas advierte que la pérdida de esos puestos aumentaría los atrasos judiciales y podría obligar al cierre de oficinas.
Como ejemplo, menciona el Juzgado Penal Juvenil de Corredores, donde la plaza vacante corresponde al propio juez. Según explica, si la institución no dispone de recursos para cubrirla, el despacho tendría que cerrar.
Alfaro coincide en que un juzgado que se quede sin juez debido al congelamiento de una plaza podría dejar de resolver los conflictos de la ciudadanía.
Las restricciones también podrían afectar los sistemas tecnológicos. Solano señala que el Poder Judicial podría comenzar 2027 sin recursos suficientes para pagar licencias básicas de correo electrónico, lo que dificultaría incluso el envío de notificaciones. También alerta sobre el riesgo de perder acceso a otras herramientas para resguardar información y realizar investigaciones.
En materia de investigación criminal, más de 800 de las plazas que podrían quedar congeladas corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los candidatos advierten que esta medida reduciría la capacidad operativa de los investigadores. Además, las restricciones presupuestarias podrían comprometer la compra de implementos de seguridad, como chalecos antibalas y municiones.
Menos recursos frente al crimen organizado
Los magistrados señalan que la lucha contra el crimen organizado requiere herramientas tecnológicas y equipos adecuados para responder a las capacidades de las bandas criminales.
Sin embargo, advierten que las limitaciones presupuestarias dificultarían la adquisición de recursos necesarios para las operaciones policiales, incluidos equipos como luces especiales para operativos nocturnos.
Alfaro explica que las investigaciones modernas contra el crimen organizado requieren infraestructura tecnológica de alto nivel para almacenar y procesar grandes volúmenes de información, incluidos los datos extraídos de teléfonos y computadoras decomisados. Según señala, estas herramientas implican costos elevados.
Patricia Vargas resume su preocupación por las restricciones financieras con una frase: "Sin cacao, no podemos hacer chocolate". La magistrada advierte que, mientras las organizaciones criminales cuentan con recursos para desarrollar sus actividades, las limitaciones presupuestarias reducen la capacidad de respuesta del Poder Judicial.
La votación para elegir a la persona que presidirá la Corte se realizará este lunes.