Estas son las propuestas de los candidatos a presidir la Corte para reducir la mora judicial
Candidatos a presidencia de la Corte: Magistrados Patricia Vargas, Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Solano y Damaris Vargas.
La reducción de la mora judicial es uno de los principales retos de los cuatro magistrados que aspiran a presidir la Corte Suprema de Justicia. Sus propuestas incluyen planes para descongestionar los despachos, priorizar los expedientes más antiguos, redistribuir las cargas de trabajo y aplicar reformas procesales y herramientas tecnológicas.
El Poder Judicial enfrenta el reto de gestionar aproximadamente 745.000 expedientes activos, aunque no todos corresponden a casos atrasados, pues algunos avanzan dentro de los plazos procesales establecidos.
La tarea también estará condicionada por las restricciones presupuestarias previstas para 2027, que podrían afectar la continuidad de plazas interinas de jueces, investigadores y personal de apoyo.
Los magistrados Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Solano, Damaris Vargas y Patricia Vargas presentarán sus propuestas de gestión durante sus respectivas postulaciones a la presidencia de la Corte, este lunes.
Magistrado Gerardo Rubén Alfaro de Sala Tercera.
Planes específicos para los despachos más congestionados
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro propone priorizar la resolución de las causas mediante el monitoreo y el acompañamiento directo a los despachos con mayor congestión.
Su planteamiento consiste en que la Dirección de Planificación identifique las oficinas con mayores niveles de mora y diseñe planes específicos para cada una, con plazos definidos para resolver los asuntos pendientes.
Ante las limitaciones presupuestarias, también plantea identificar recursos disponibles para trasladar temporalmente personal a las oficinas con mayores cargas de trabajo.
La estrategia busca agilizar la atención de los asuntos urgentes, en particular las causas con personas en prisión preventiva, los casos que involucren a personas adultas mayores y los expedientes de alta sensibilidad.
Magistrada Patricia Solano – Sala Tercera.
Optimizar los recursos y redistribuir las cargas
La magistrada Patricia Solano defiende una estrategia basada en revisar la gestión interna y aprovechar mejor la capacidad existente en el Poder Judicial, como asegura que ha ocurrido en los tribunales de juicio.
Destaca que, bajo su liderazgo en la materia penal, 2025 se convirtió en el año con la mayor cantidad de sentencias dictadas en la historia de la justicia penal del país, con un incremento del 31% en la producción de los tribunales penales.
Solano propone continuar revisando los procesos de trabajo junto con los órganos técnicos para aprovechar al máximo los recursos limitados de la institución.
También advierte que no todo expediente activo constituye mora judicial, pues muchos asuntos avanzan dentro de los plazos procesales previstos para la investigación y el juicio.
Su estrategia busca atender la congestión en la etapa de juicio mediante una redistribución de las cargas de trabajo, al considerar que allí se encuentra el principal cuello de botella identificado.
Resolver primero los expedientes más antiguos
La magistrada Damaris Vargas apuesta por un enfoque de gestión y control gerencial. Su propuesta consiste en resolver los asuntos en estricto orden de antigüedad para sacar del rezago casos que llevan años o décadas pendientes.
Durante su gestión, Vargas impulsó una norma que establece que todos los ámbitos de la institución (judicatura, Defensa Pública, Fiscalía, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y administración) deben priorizar la resolución de los expedientes más antiguos.
Su planteamiento contempla un control estricto de los tiempos de espera, con excepciones justificadas para los casos que involucren a poblaciones en condición de vulnerabilidad, medidas cautelares u otros asuntos identificados previamente como prioritarios.
Magistrada Patricia Vargas de Sala Tercera.
Reformas para evitar la congestión en los juicios
La magistrada Patricia Vargas centra su propuesta en reformas legales que permitan descongestionar las etapas más avanzadas del proceso judicial.
Vargas señala que el 70% de la duración de un proceso penal se concentra actualmente en la etapa de juicio. Por ello, promueve cambios procesales para que a esa fase lleguen únicamente los casos que lo requieran, mediante la resolución o el filtrado de asuntos en las etapas previas.
Además, propone establecer un modelo de mejora continua en el que cada despacho evalúe mensualmente sus indicadores de gestión, con el fin de detectar desviaciones y corregir retrasos en los tiempos de respuesta.
Candidatos a presidencia de la Corte: Magistrados Patricia Vargas, Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Solano y Damaris Vargas.
Inteligencia artificial para agilizar trámites
La incorporación de inteligencia artificial (IA) es un punto de coincidencia entre los candidatos, aunque sus propuestas tienen distintos alcances. Los cuatro plantean aprovechar estas herramientas para reducir tareas repetitivas y agilizar procesos, con límites éticos y presupuestarios.
Entre las áreas de aplicación figuran el cobro judicial, la transcripción de audiencias, la programación de juicios y la automatización de trámites administrativos. Los candidatos coinciden en que la tecnología debe facilitar el trabajo del personal judicial, sin sustituir las decisiones que corresponden a los jueces.
El cobro judicial es una de las áreas en las que ya se ha comenzado a probar la IA. Por el volumen de expedientes que concentra esta materia, la automatización de trámites repetitivos podría reducir la carga de trabajo y agilizar la gestión de los casos.
Otra aplicación consiste en transcribir automáticamente las grabaciones de las audiencias orales. Solano propone utilizar estas herramientas para reducir el tiempo que el personal profesional dedica a esa tarea y permitirle concentrarse en otras labores.
Los candidatos también plantean utilizar algoritmos para gestionar agendas y programar debates y juicios, con el objetivo de reducir los tiempos muertos y los errores en los señalamientos. A esto se suma la automatización de solicitudes frecuentes y de documentos rutinarios, como certificaciones y otros trámites administrativos.
Patricia Vargas sostiene que la inteligencia artificial, incluida la generativa, debe utilizarse en procesos de apoyo y automatización que no requieran decisiones jurisdiccionales. La valoración de las pruebas y el dictado de sentencias deben permanecer bajo responsabilidad de los jueces.
La meta es delegar las tareas mecánicas a la tecnología para que el personal judicial concentre sus capacidades en las labores sustantivas y el análisis jurídico. Sin embargo, los candidatos advierten que implementar estas herramientas requiere recursos financieros suficientes.
Solano alertó sobre el riesgo de que los recortes presupuestarios afecten incluso la continuidad de licencias básicas de correo electrónico y programas de oficina. Ante esa posibilidad, la institución tendría que buscar alternativas para optimizar los recursos disponibles.
Alfaro, por su parte, señala que la investigación del crimen organizado requiere infraestructura tecnológica de alto nivel para procesar y almacenar grandes volúmenes de información, incluidos los datos extraídos de teléfonos y computadoras decomisados.