13 acusados por caso de trocha fronteriza afrontarán juicio a partir del lunes

(CRHoy.com) Los 13 acusados en el caso mediáticamente conocido como La Trocha afrontarán a partir del lunes un extenso juicio por presunta corrupción en la fallida construcción de la ruta nacional 1856, fronteriza con Nicaragua. El contradictorio llega 11 años después del estallido del escándalo.

Está previsto que el debate oral y público correspondiente a la causa 12-000053-0621-PE de inicio a las 8:00 a.m. en la sala tres del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que tiene su sede en Goicoechea. Se espera que el contradictorio se extienda hasta al menos el 22 de setiembre próximo.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó a CRHoy.com que entre los imputados están el exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Acosta Monge, así como los encargados de supervisión de los trabajos, Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado.

El resto de los encartados son cinco empresarios de apellidos Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos y Méndez Méndez; tres particulares que simularon ser supervisores, de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes; así como dos mujeres casadas con imputados, de apellidos Alvarado Víquez (Ramírez Marín) y Morera Fernández (Mesén Vargas).

A todos se les achacan los supuestos de influencia en contra de la Hacienda Pública, peculado, penalidad de corruptor, cohecho propio, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales, así como receptación, legalización y encubrimiento de bienes. Sin embargo, será hasta la lectura de la acusación que se pueda conocer con detalle los delitos que se atribuyen a cada encausado.

Por el caso en cuestión, la entonces presidenta Laura Chinchilla Miranda solicitó la renuncia el 4 de mayo del 2012 a su ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes, luego de que fuera informada por una fuente ajena a su administración sobre las irregularidades que acontecían con la obra impulsada como una reacción a la invasión del régimen de Daniel Ortega Saavedra a la isla Calero en Pococí.

Ese mismo día, la gobernante convocó a una conferencia de prensa en la que reveló los aparentes actos de corrupción. En aquella oportunidad, Chinchilla Miranda apuntó un presunto pago de sobornos y supuestos desvíos de fondos públicos.

De inmediato los trabajos fueron suspendidos, al tiempo que el Gobierno de la República denunció los hechos ante el Ministerio Público.

El 14 de mayo de 2012, el Organismo de Investigación Judicial allanó las oficinas del Consejo de Vialidad, así como las de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). El 6 de junio de 2012, las diligencias se extendieron en 41 puntos más, que incluían las sedes de las empresas JR Ajima, Siglo Nuevo, Corporación Ronda Mijas, Constructora Herrera, Quebrador Arenal, Excavaciones Also, Excavaciones Mi Victoria, entre otras.

No obstante, fue hasta el 10 de enero de 2017 que la Fiscalía formalizó la acusación y solicitud de auto de apertura de juicio contra 26 personas. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dispuso que solo 13 de los acusados afrontarían el debate el 13 de enero de 2020. El 19 de agosto de 2020, el expediente llegó al Tribunal Penal para el señalamiento del contradictorio, siendo el 27 de enero de 2023 la fecha prevista para el inicio del juicio.

Por este caso, el Ministerio Público también solicitó un sobreseimiento en favor de 47 personas, entre ellas, Chinchilla Miranda. Fue el 25 de enero de 2019 que esos investigados fueron notificados sobre su exoneración. Entre los sobreseídos estaban, también, exvicepresidente Luis Liberman Ginsburg; el exfiscal general Jorge Chavarría Guzmán; el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes; y la exmagistrada Ana Virginia Calzada.

Nota del redactor: Esta publicación fue actualizada a las 9:15 a.m. del 27 de marzo de 2023.