Defensoría cree que Gobierno debe mejorar lucha contra la evasión
(CRH).
La Defensoría de los Habitantes dio un visto bueno al proyecto de ley de reforma fiscal (20.580) pero solicitó revisar todo lo relacionado con la regla fiscal.
Según la entidad, ante el problema grave que tiene el país en materia fiscal deberán adoptarse medidas urgentes para no deteriorar aún más la situación de las finanzas públicas, pues el déficit actual amenaza el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos, ya que se requiere de recursos económicos que los hagan efectivos a través de la política pública.
La Defensoría planteó a los legisladores que, a la par de las reformas a la base tributaria y en las tasas impositivas, se hace necesaria una modernización de la estructura administrativa de la recaudación tributaria con el consiguiente establecimiento de multas y castigos acordes con los delitos de evasión y elusión, como se aplica en los sistema tributarios de los países desarrollados.
En cuanto al establecimiento de un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en lugar del actual Impuesto General sobre las Ventas (IGV), sostiene la Defensoría que es importante porque universaliza la aplicación, favorece el principio de solidaridad en el pago de impuestos, facilita el control de la administración tributaria y posibilita al Estado a destinar más recursos a programas de bienestar social.
"Es claro que el IVA sobre el IGV, desde el punto de vista económico, las ventajas son principalmente para el Estado, puesto que para el consumidor final sería indiferente, toda vez que en cada compra que realiza, siempre pagará un tributo igual por el valor de la compra", explicó el ente en un comunicado.
Críticas
A pesar de las ventajas señaladas con el IVA, la Defensoría halló diversos problemas al tratarse de un impuesto indirecto y con ello, ser regresivo contra los hogares de ingresos medios y bajos; adicionalmente puede incrementar costos de administración aunque se podrían mitigar con el régimen de tributación simplificado, y por último, puede presentar problemas de evasión si no se solicita factura o si se presentan créditos fiscales falsos.
Llamó la atención de que el proyecto no presenta un estimado del total a recaudar con la ampliación a la base imponible al considera servicios como lo plantea el IVA, siendo que el incremento en el bienestar social dependerá, en última instancia, del destino de la mayor recaudación tributaria lograda.
A su vez resaltó que es importante que el proyecto considere el establecimiento de una canasta de consumo exonerada de bienes y servicios para los hogares de ingresos medios y bajos.
La Defensoría solicitó la reconsideración como exenciones de las comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de préstamos y créditos de las entidades reguladas o fiscalizadas, debido a que se establece de manera general; así como ampliar necesariamente las exenciones para el consumo de energía eléctrica y agua, dado que en ambos casos la exención se aplica si el consumo es igual o inferior a cierto nivel. Cuando se exceda, que se aplique únicamente al exceso consumido y no a la totalidad.
Otras Reformas
Por otra parte, en materia de salarios públicos, la Defensoría considera que las definiciones dadas para "Dedicación Exclusiva" y "Prohibición" no son pertinentes pues tienden a homogeneizar ambos regímenes los cuales poseen una naturaleza distinta.
En cuanto a la fijación de un tope del 1,94% para los empleados del sector público se desconoce en el proyecto el criterio técnico utilizado, siendo más bien, oportuno que se faculte al Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la República o la Dirección Regional del Servicio Civil revisar periódicamente los límites de este incentivo con base en las condiciones macroeconómicas del país.
La Defensoría compartió la necesidad de que el mecanismo de evaluación del desempeño de las personas funcionarias públicas sea transformado, para alcanzar una mayor eficiencia de la Administración Pública.
"Es necesario una reforma tributaria progresiva. No compartimos por ejemplo, en el proyecto actual, la definición de canasta básica porque es muy restrictiva y golpeará a las clases de menos recursos", dijo esta mañana el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero.