Vigilantes, custodios y choferes: Así se organizaba banda que secuestró a 2 empresarios
Secuestro de George Angulo y otro empresario a las puertas de ir a juicio como caso de crimen organizado
El nivel de estructuración y distribución de funciones entre los supuestos responsables de secuestrar a empresarios durante el primer semestre de 2023 fue tal que provocó que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia decidieran procesar el caso como crimen organizado.
Se trata de la causa penal por la privación de libertad del empresario Jorge "George" Angulo Solano y del también empresario Jaime Gurdián Moreno, ocurridas en enero y julio de aquel año, respectivamente.
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) en manos de CR Hoy, días previos al 5 de enero de 2023 y hasta el 5 de julio de ese mismo año, los 13 acusados, más otras personas aún no identificadas, se asociaron de forma ilícita con el fin de cometer los secuestros extorsivos.
"Para ello, bajo acuerdo de voluntades y mediante la distribución de roles o funciones, de manera conjunta o separada, exigieron a cambio de la liberación de las personas secuestradas un pago económico en moneda virtual (bitcoins) y/o su equivalente en moneda fiat o fiduciaria (efectivo) para el momento de los hechos", indica la pieza acusatoria.
Para ejecutar los golpes, la banda efectuó diligencias de inteligencia previa —como vigilancias, seguimientos y análisis de la capacidad económica de las dos víctimas—. Luego, idearon un plan para obtener un beneficio patrimonial.
A través de roles específicos, de manera conjunta o separada, ejecutaron las acciones para llevar a cabo la retención de las víctimas y exigir, para su liberación, sumas de dinero millonarias pero en Bitcoin (BTC).
Según la FAEDO, un hombre llamado Byron Estiben Madrigal Calvo era el líder de la organización. Se encargaba de coordinar y girar instrucciones a los demás miembros en relación con los secuestros extorsivos en los que participó.
Recibía los dineros en efectivo producto de los crímenes y posteriormente los distribuía entre los integrantes del grupo que participaron en los raptos y en la custodia de las víctimas.
Otro sujeto, Ronald Leiva Rivas, participó activamente como ejecutor en las sustracciones. Desempeñó funciones como chofer de los vehículos utilizados para perpetrar los raptos y brindó custodia a los empresarios en los sitios de cautiverio, según la acusación.
Osvaldo Ulate Garro tuvo a su cargo labores de inteligencia y seguimiento a los objetivos. Además, fungió como ejecutor directo en los secuestros, conduciendo los vehículos utilizados por el grupo criminal.
Juan Mauricio Granados Granados habría efectuado labores de inteligencia y seguimiento, así como ejecuciones directas en los delitos, también conduciendo vehículos utilizados por la estructura.
El Ministerio Público considera que Alejandro Antonio Picado Torres participó en labores de inteligencia y seguimiento previo y ejecutó directamente los secuestros, conduciendo vehículos utilizados para ese fin, mientras que Naiyel Rolando Matamoros Brenes brindó custodia a los ofendidos en los sitios de cautiverio.
Vilma Vargas Arce, según la Fiscalía, coordinaba directamente —o por medio de otros acusados— la creación de billeteras virtuales (wallets) para la organización criminal. Dichas billeteras eran suministradas a las familias de las víctimas para recibir los pagos por la liberación.
Luego coordinaba el cambio del dinero de moneda virtual a moneda fiat (efectivo) y lo hacía llegar al líder de la estructura mediante otros miembros. Asimismo, se presume que legitimó ganancias ilícitas mediante la compra de bienes muebles.
Yordin Alonso Jiménez Sibaja cumplió un rol similar al de Vargas Arce: coordinaba la creación de billeteras virtuales, recibía pagos en criptomonedas y gestionaba su cambio a moneda fiat para entregarlo al líder de la estructura. También legitimó ganancias ilícitas mediante la compra de bienes muebles, dice la FAEDO.
Hernán Acevedo Carmona habría coordinado la recepción, cambio y distribución del dinero pagado en bitcoins por las familias de las víctimas. Se cree que cambiaba Bitcoin a la moneda virtual Tether (USDT), luego diluía el dinero transfiriéndolo a otras billeteras virtuales y finalmente lo convertía en efectivo, que entregaba a otros acusados. También legitimó ganancias ilícitas adquiriendo bienes muebles a su nombre.
Kevin Vargas Madrigal coordinó y facilitó, junto con otros acusados, la recepción y distribución de los pagos en bitcoins. Además, legitimó ganancias ilícitas adquiriendo bienes muebles, señala la pieza acusatoria.
Por su parte, Luis Diego Brenes Arce se sospecha que coordinó la recepción, cambio y distribución del dinero producto de los rescates, transfiriéndolo a distintas billeteras antes de convertirlo en efectivo, que entregaba a otros acusados.
También introdujo dinero ilícito en el sistema financiero nacional mediante la cancelación de créditos previamente constituidos con el dinero conseguido.
Jhon Andrey Sandoval Silva habría recibido en su billetera virtual dinero producto del pago realizado por los familiares de las víctimas, el cual había sido previamente cambiado de Bitcoin a Tether por otro acusado.
José David Obregón Zamora supervisó y coordinó la recepción del dinero en efectivo proveniente del cambio de bitcoins. Luego se encargó de hacerlo llegar al líder de la estructura para su distribución entre quienes ejecutaron los secuestros. Fungió como enlace entre los ejecutores y los encargados del manejo del dinero.
Gran operación
Durante el mismo periodo, y con el fin de coordinar las capturas de Angulo y Gurdián, los acusados utilizaron distintas líneas y aparatos telefónicos, los cuales cambiaban constantemente para evitar ser detectados por las autoridades.
En total, se contabilizaron 19 teléfonos celulares utilizados para la comunicación entre los miembros de la banda, así como 18 números telefónicos también empleados para contactar a las familias de los raptados y ejecutar las negociaciones extorsivas.
Estos hechos se investigaron bajo los expedientes 23-000436-0042-PE y 23-018286-0042-PE (acumulado a la primera causa). Por ese nivel de estructuración, la causa penal se tramita como un caso de crimen organizado.
El expediente fue asumido por el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) permitir que el caso sea elevado a juicio.
Entre los delitos acusados está secuestro extorsivo (pena de 15 a 20 años de cárcel), asociación ilícita (1 a 6 años) y robo agravado (5 a 15 años). Además, imputó a varios sospechosos por uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales (pena de 5 a 8 años) y por legitimación de capitales (8 a 20 años).
La audiencia preliminar se realizó en octubre y se está a la espera de la resolución del Juzgado, que definirá si el caso pasa a juicio. Según las autoridades judiciales, se trata de una banda de secuestradores que primero ejecutó la retención de George Angulo, propietario de una cadena de gimnasios con sedes en varias provincias.
La víctima, hijo del exdiputado Jorge Alberto Angulo Mora, fue interceptada dentro de su negocio en San Pedro de Montes de Oca. Según relató, fue llevado a una finca donde la mantuvieron retenido por al menos dos días, y luego fue liberada en una zona solitaria de Sarapiquí.
Aunque no trascendió el monto pagado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los secuestradores exigieron el rescate a cambio de una suma millonaria.
El segundo secuestro ocurrió a mediados de 2023 en Escazú, cuando —al parecer— el mismo grupo interceptó al otro empresario, un exdirectivo bancario, mientras conducía su vehículo.
Fue retenido bajo amenaza con armas y permaneció cautivo durante tres días, hasta que fue liberado en La Uruca. Este hombre, un ingeniero agrónomo de 66 años, es conocido por su trayectoria en varias transnacionales del sector financiero.
La familia también tuvo que pagar un rescate en moneda virtual. Ese caso fue clave para que la Unidad de Secuestros del OIJ avanzara en la investigación. Gracias a las diligencias tras ese segundo secuestro, se logró ubicar a los sospechosos.
Varios sospechosos registraban antecedentes por agresión con arma, asaltos, posesión de armas no permitidas y privación de libertad. La banda estaba conformada por dos subgrupos: uno ejecutaba los secuestros y otro manejaba el cobro de los rescates.
La exigencia de pagos mediante criptomonedas, la comunicación fragmentada por aplicaciones de mensajería y el lenguaje utilizado fueron claves para identificar el modo de operar de la organización.
Para la policía judicial llamó la atención que la mayoría de los detenidos pertenecía al subgrupo encargado de coordinar los pagos mediante criptomonedas. El OIJ detalló que los sospechosos comenzaron a realizar gastos menores luego de recibir los pagos millonarios, destinando el dinero a compras diversas.
Parte de esos fondos se usó para pagar deudas y no se detectaron movimientos mayores a ₡5 millones. Entre las adquisiciones figuran motocicletas, vehículos y viajes dentro del país.
Varios miembros del grupo fueron ubicados en Jacó, donde se encontraban vacacionando con sus familias. La mayoría estaba hospedada en dos cabinas y una pareja fue detenida en un apartamento del mismo cantón de Garabito.