TSE investiga origen de dinero de compradores de bonos del PPSO vinculados a empresa brasileña
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación administrativa preliminar para determinar el origen del dinero que dos personas utilizaron para comprar certificados de cesión de la contribución estatal del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que llevó a Laura Fernández a la Presidencia.
Se trata de Cristian William Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, quienes están vinculados con la empresa brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas, que forma parte del consorcio al que el Cuerpo de Bomberos adjudicó un contrato por ₡6.500 millones para suministrar 40 ambulancias.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE confirmó a CR Hoy que realizó estudios de solvencia económica a ambos compradores para verificar el origen y la trazabilidad de los recursos utilizados.
Según el Tribunal, Rodríguez Villalobos adquirió certificados por ₡36,55 millones, mientras que Rothe Paniagua lo hizo por ₡7,65 millones.
Sin embargo, los montos difieren de los publicados por La Nación, que informó que el primero compró bonos por ₡43 millones y el segundo por ₡9 millones.
La investigación administrativa preliminar comenzó el 17 de setiembre de 2026.
El TSE informó que ampliará el objeto de las diligencias a raíz de las informaciones divulgadas por la prensa nacional en los últimos días.
Además, aclaró que, hasta la fecha de su respuesta a CR Hoy, no había recibido denuncias relacionadas con estos hechos.
La relación entre los compradores de bonos y SGSV fue revelada por La Nación.
Según ese medio, Rodríguez Villalobos figura como representante legal de la compañía y director regional de ventas para América Central. Por su parte, Rothe Paniagua aparece como fiscal de la sociedad desde 2015.
Ambos también aparecen en correos electrónicos relacionados con el proceso de contratación de las ambulancias.
El contrato adjudicado al consorcio brasileño asciende a $13,8 millones y se tramitó mediante un procedimiento especial, sin un concurso público abierto.
La contratación generó cuestionamientos porque Bomberos invitó a un único oferente a presentar una propuesta formal, pese a que otras dos empresas costarricenses participaron en el estudio de mercado y tenían experiencia en la venta de ambulancias.
Además, las compañías nacionales ofrecían precios hasta $2,3 millones menores que el consorcio ganador.
La empresa brasileña tampoco tenía antecedentes de venta de ambulancias a instituciones públicas costarricenses.
La contratación se justificó con una instrucción de la presidenta Laura Fernández para realizar una adquisición de emergencia.