Tribunales de noche en Goicoechea están colapsados por decisiones administrativas
La crisis se apodera cada noche del edificio del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea. Lo que las autoridades adoptaron bajo criterios de optimización de recursos y ahorro presupuestario terminó convirtiéndose, según sus propios funcionarios, en una "tormenta perfecta".
El cierre del servicio de Turno Extraordinario y el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José provocó el colapso de las celdas de Goicoechea, la paralización de decenas de policías y alertas sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes permanecen bajo arresto.
Según relataron los trabajadores, que solicitaron reservar su identidad, el origen de la crisis se remonta a la aprobación de un cambio en la operación de los tribunales nocturnos.
Con el objetivo de eliminar el pago permanente de horas extra y centralizar la operación, se ordenó el cierre físico del Turno Extraordinario en San José, que atiende delitos fuera de horario regular y el de Flagrancia, que atiende delitos cuando los sospechosos son detenidos "con las manos en la masa".
Como consecuencia, todos los detenidos de los tres circuitos judiciales de la capital —San José, Hatillo, Pavas, Desamparados y Goicoechea— comenzaron a ser trasladados a un único punto durante las noches, madrugadas y fines de semana.
Sin embargo, lejos de reforzar el servicio para atender la nueva demanda, el personal se redujo a la mitad. Según funcionarios del turno nocturno, la planilla pasó de 48 a 24 colaboradores.
Además, la jornada laboral nocturna disminuyó de ocho a seis horas, dejando los períodos restantes a cargo del personal diurno, lo que ha generado descoordinación en los cambios de turno. La reforma también dejó a un solo juez de turno para atender los tres circuitos judiciales.
Ese funcionario debe resolver audiencias de medidas cautelares, solicitudes de prisión preventiva y, además, desplazarse para realizar levantamientos de cadáveres o atender allanamientos durante la madrugada, dejando el despacho sin atención mientras se encuentra fuera.
Celdas al límite
La infraestructura de Goicoechea no fue diseñada para soportar esta carga. Las celdas tienen una capacidad óptima para entre 55 y 60 personas, distribuidas en tres celdas grandes, una celda accesible y cinco celdas pequeñas. Por eso normalmente no se pueden usar al 100%.
Los testimonios y registros internos señalan que con frecuencia ingresan más de 20 personas adicionales en pocas horas, especialmente entre las 2:00 p. m. y las 11:00 p. m. El problema se agrava debido a las normas de segregación obligatorias.
Por razones de seguridad y derechos humanos, los menores de edad, quienes presentan trastornos de salud mental o riesgo suicida, quienes padecen enfermedades contagiosas y las personas con conductas violentas deben permanecer separadas.
A ello se suman las celdas destinadas a privados de libertad trasladados únicamente para diligencias judiciales y aquellas ocupadas por quienes reciben prisión preventiva durante el fin de semana y deben esperar hasta el lunes para ser ubicados en un centro penitenciario.
Esto provoca que, en ocasiones, una celda con capacidad para 12 personas sea utilizada por uno o dos detenidos, reduciendo aún más la disponibilidad de espacio y aumentando el hacinamiento. Las consecuencias también alcanzan los tiempos de detención.
Según las fuentes consultadas, casos que deberían resolverse con rapidez mediante el procedimiento de flagrancia terminan prolongándose durante varios días. Hay personas detenidas un sábado cuya situación jurídica no se define hasta el miércoles o jueves siguiente, para finalmente recuperar la libertad.
Mientras esperan ingresar formalmente a las celdas, decenas de personas permanecen esposadas durante ocho o más horas en la sala de espera o en el sótano del edificio. Durante ese tiempo, aseguran los funcionarios, el acceso a alimentación y servicios sanitarios es limitado, lo que provoca afectaciones físicas.
Asimismo, quienes permanecen varios días en celdas transitorias no reciben visitas ni paquetes, por lo que carecen de artículos básicos de higiene personal, como jabón, cepillo de dientes o ropa limpia.
El impacto también recae sobre el personal judicial. Los custodios deben trasladar privados de libertad a centros penitenciarios ubicados en Limón, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón, Guápiles y San Carlos, lo que reduce el número de funcionarios disponibles para atender las audiencias y obliga a muchos de ellos a restringir sus tiempos de alimentación y permanecer de pie durante jornadas prolongadas.
Impacto en las calles
La crisis también afecta la seguridad ciudadana. La normativa establece que cada detenido debe permanecer bajo la custodia de dos oficiales de policía.
Debido a la saturación en el trámite de ingresos, decenas de oficiales de la Fuerza Pública, policías municipales y oficiales de Tránsito deben permanecer durante horas en filas dentro del edificio judicial.
Se han registrado casos en los que un mismo detenido requiere hasta cuatro relevos consecutivos de oficiales, lo que representa más de 24 horas continuas de custodia.
Las víctimas de violencia doméstica y de género también enfrentan mayores tiempos de espera. El protocolo interinstitucional para prevenir femicidios exige que el fiscal aplique una valoración de riesgo detallada antes de definir si solicita prisión preventiva o medidas de protección, proceso que puede extenderse entre tres y ocho horas cuando la víctima requiere contención emocional.
Con menos personal y una mayor concentración de casos provenientes de tres circuitos judiciales, las esperas durante la noche se han incrementado considerablemente, lo que, según las fuentes, aumenta el riesgo de que algunas mujeres desistan del proceso y regresen con sus agresores.
Los funcionarios aseguran que las advertencias realizadas por los gremios, la Sección de Cárceles y la Auditoría Interna fueron desatendidas por la Dirección de Planificación. Mientras tanto, tanto el Ministerio Público como el OIJ han rechazado que exista una afectación significativa, y la Corte Suprema ha remitido las consultas a esos dos órganos.
