Tribunal ratifica: Prueba encontrada en celular de abogado asesinado es válida en caso contra jueces y fiscales
Defensores intentaron traerse abajo investigación que inició tras asesinato de exjuez que defendía a bandas criminales
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública ratificó que la prueba que permitió iniciar la investigación del caso "Topo" contra tres jueces de la República y tres fiscales, es válida y no existen vicios en la apertura del expediente judicial, según informó el Ministerio Público.
Esta investigación inició derivada de las indagaciones sobre el asesinato de Luis Diego Ulloa, un exjuez que renunció al Poder Judicial para ejercer como abogado y en apariencia, defender legamente a miembros de bandas criminales de Cartago.
Durante ese proceso judicial, específicamente por la apertura del teléfono celular y la revisión de los archivos que allí había, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público lograron descubrir que al parecer, otros 6 funcionarios judiciales activos le filtraban información de causas penales a Ulloa.
Semanas atrás, los abogados defensores de los funcionarios judiciales presentaron una actividad procesal defectuosa, en la cual solicitaron la anulación de los actos procesales que dieron lugar a la apertura del expediente contra los jueces y fiscales imputados.
Dichos defensores reprocharon el acceso a prueba relevante y la cadena de custodia aplicada, la ampliación de un informe policial y la orden de allanamiento emitida por un juez.
"De igual manera, en esa resolución, el Juzgado también acogió la petición de los defensores, en la que se pretendía determinar errónea la apertura de esta investigación, con el antecedente de una causa que se sigue por el homicidio de un exjuez", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
En ese momento, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública acogió ese recurso. Sin embargo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) apeló la decisión para poder mantener en firme la investigación.
Tras analizar la apelación de la Fiscalía, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública determinó que la resolución previa del Juzgado tenía vicios y ratificó que la prueba obtenida en la investigación del homicidio era totalmente legítima para investigar por supuesta corrupción a los otros jueces y fiscales.
"Asimismo, la instancia resaltó que el Ministerio Público tiene la potestad de, ante una investigación criminal en la que surjan nuevos delitos de acción pública, abrir nuevos procesos y realizar las diligencias que considere correspondientes", señala el comunicado.
Caso Topo
Las pesquisas del caso Topo iniciaron con la muerte del exjuez apellidos Ulloa Rodríguez, que ocurrió el 27 de febrero en La Unión de Cartago. Él trabajó años atrás en el Juzgado de la localidad y después se dedicaba presuntamente, a ejercer la defensa de estructuras criminales conocidas y trascendentes en la Vieja Metrópoli.
Se cree que previo a su muerte, sacaba provecho de la amistad y relación hasta familiar con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
En la investigación se imputan delitos como tráfico de influencias, divulgación de secretos, cohecho propio, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, prevaricato y posiblemente hasta legitimación de capitales.
Son tres jueces identificados los apellidos Cabezas, Sánchez, Padilla, así como los tres fiscales de apellidos Kikut, Darcia y Ulloa. Esta última es hermana del exjuez y abogado asesinado.
La incautación y posterior revisión del teléfono de Luis Diego Ulloa fue clave para descubrir que al menos 6 funcionarios le facilitaban datos de las causas penales. Cuando se decomisó el celular, se encontraron más de 300 mil archivos en ese dispositivo, confirmó días atrás el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El volumen de trabajo fue tal, que el OIJ tuvo que detener una unidad de trabajo de la Sección de Corrupción, para poder procesar toda la información.
La revisión e interpretación que hicieron los agentes de esos miles de documentos fue lo que permitió identificar cuáles eran los funcionarios dentro del Poder Judicial que de alguna forma participaban en facilitar datos de causas penales.
A finales de julio anterior, los funcionarios fueron suspendidos con goce de salario.