Scott Brannon evita cárcel y nuevos cargos en EE. UU. a cambio de $25 millones
Scott Brannon alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos que no solo le permitió evitar una pena de prisión, sino que también le garantizó no enfrentar nuevos cargos penales relacionados con la investigación sobre la red ilegal de apuestas que admitió operar durante casi ocho años.
El pacto al que tuvo acceso CR Hoy, incorporado al expediente de la Corte Federal del Distrito Este de Texas, fijó las condiciones bajo las cuales Brannon aceptó declararse culpable del delito de operar un negocio ilegal de apuestas y renunció a la mayoría de los derechos que le otorgaba el proceso penal estadounidense.
A cambio, la Fiscalía acordó recomendar una condena reducida y cerrar definitivamente la investigación penal desarrollada por esa oficina federal.
Inicialmente la pena podía ser de cinco años de cárcel, pero por el acuerdo de culpabilidad se libró de esa pena.
El Gobierno aceptó que, una vez dictada la sentencia, retiraría cualquier otra acusación penal pendiente relacionada con esos mismos hechos.
El acuerdo, sin embargo, aclara que ese compromiso únicamente obliga a esa oficina del Ministerio Público y no impide que otras autoridades federales, estatales o locales puedan investigar hechos distintos o promover acciones civiles.
Fiscalía negoció condena
Ambas partes solicitaron al juez federal Amos L. Mazzant imponer una pena específica. El acuerdo estableció 12 meses de libertad condicional, de los cuales seis meses deberán cumplirse bajo arresto domiciliario, una multa de $5.000, el pago obligatorio de $100 por concepto de tasa judicial y el decomiso de $25 millones, suma que Brannon reconoció haber obtenido mediante la operación ilegal de apuestas.
Las partes también acordaron que, si el estadounidense cumplía satisfactoriamente el arresto domiciliario, podría completar los seis meses restantes de libertad condicional fuera de Estados Unidos, lo que le permitiría regresar al país donde mantenía su residencia.
El acuerdo también definió el mecanismo para ejecutar el decomiso. Brannon aceptó entregar $25 millones al Gobierno estadounidense mediante un calendario de pagos que inicia con un primer desembolso de $7 millones y continúa con tres pagos adicionales de $6 millones cada uno.
Además, se comprometió a colaborar con las autoridades para garantizar la recuperación de ese dinero, transferir cualquier derecho sobre los bienes sujetos al decomiso y abstenerse de ocultarlos, venderlos o ponerlos fuera del alcance de la justicia.
El documento también establece que Brannon no presentará reclamaciones sobre esos activos, renunciará a exigir un juicio con jurado para discutir el decomiso y desistirá de invocar la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para alegar que la confiscación constituye una multa excesiva.
Renuncia a la apelación
Brannon desistió de su derecho a declararse inocente, exigir un juicio ante un jurado, obligar a la Fiscalía a demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, confrontar a los testigos de cargo y guardar silencio.
Asimismo, aceptó que la declaración de culpabilidad y el relato de hechos firmado por él sirviera como base suficiente para la condena.
Después de la sentencia, también renunció prácticamente a cualquier posibilidad de apelar el resultado del proceso. El acuerdo le prohíbe impugnar la condena, la pena, la multa, la orden de decomiso o cualquier restitución económica, así como promover recursos posteriores para cuestionar el fallo.
Solo conservó dos excepciones: recurrir si el juez rechazaba el acuerdo negociado con la Fiscalía o alegar una eventual defensa ineficaz de su abogado.
Sin acceso al expediente
Otra de las condiciones aceptadas por Brannon consistió en renunciar a solicitar documentos relacionados con la investigación.
El estadounidense desistió expresamente de pedir información al Gobierno federal mediante la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) o la Ley de Privacidad, mecanismos que normalmente permiten acceder a expedientes oficiales.
Además, declaró que revisó íntegramente el caso junto con su abogado John Potter, que comprendía todas las consecuencias jurídicas del acuerdo y que decidió aceptar la culpabilidad porque consideró que esa era la mejor alternativa frente a un eventual juicio.
El acuerdo podía desaparecer
Si Brannon violaba cualquiera de las obligaciones asumidas, retiraba su declaración de culpabilidad, incumplía una orden judicial o cometía nuevos delitos, el Gobierno quedaría liberado de todas las concesiones otorgadas.
En ese escenario, la Fiscalía recuperaría la facultad de procesarlo por cualquier otro delito federal del que tuviera conocimiento y podría utilizar las declaraciones realizadas durante la negociación del acuerdo como prueba en un eventual juicio.
Finalmente, el 18 de febrero de 2026, el juez Amos L. Mazzant aceptó el acuerdo en todos sus extremos y dictó la sentencia conforme a las condiciones negociadas entre Brannon y la Fiscalía Federal de Estados Unidos.