Reclamos en Sala IV por condiciones en cárceles se duplicaron entre 2020 y 2025
Los reclamos por las condiciones del sistema penitenciario ante la Sala Constitucional aumentaron un 124% entre 2020 y 2025. Los asuntos relacionados con cárceles pasaron de 2.130 a 4.780. La cifra de 2025 representa más del doble de la registrada cinco años antes.
Entre enero y setiembre de 2026, la Sala ya contabilizaba 4.139 asuntos de este tipo, que incluyen recursos de amparo y de hábeas corpus. El sistema penitenciario se ubicó como el segundo tema con más asuntos votados por el Tribunal Constitucional.
Los reclamos incluyen problemas con la alimentación, demoras en tratamientos médicos y dificultades para acceder a servicios de salud.
Entre las quejas figuran la entrega de alimentos en mal estado o en porciones insuficientes, así como el incumplimiento de horarios de comida para personas con enfermedades como la diabetes, que requieren una dieta específica.
La Defensoría de los Habitantes también registró un alto volumen de reclamos. Durante 2025, recibió 2.681 quejas relacionadas con el sistema penitenciario y, entre enero y julio de 2026, contabilizó otras 1.350. La mayoría de estas últimas estuvo relacionada con omisiones en la atención médica.
Familias denuncian deterioro en las condiciones
Maureen Esquivel, vocera de Familias Penitenciarias Unidas, organización que existe desde 2019, afirmó que las deficiencias en el sistema penitenciario no son nuevas. Sin embargo, las familias comenzaron a percibirlas con mayor fuerza durante 2025, después de la implementación de nuevas reglas en las cárceles.
Según Esquivel, los principales problemas están relacionados con la atención médica y la alimentación. Considera que las restricciones impuestas a la población penitenciaria llevaron a más familias a recurrir a la Sala Constitucional para exigir el cumplimiento de sus derechos.
Incluso, explicó que la organización preparó machotes de recursos de amparo para ayudar a los familiares a presentar sus reclamos.
La vocera señaló que cada vez son más frecuentes las solicitudes de atención médica que pasan meses sin respuesta. También advirtió sobre las consecuencias del hacinamiento, que dificulta la prestación de servicios básicos.
El informe anual de labores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura registra que la sobrepoblación penitenciaria pasó de 2.772 personas en 2020 a 6.164 en febrero de 2026.
Esquivel aseguró que algunas familias acuden a la Sala Constitucional porque sus parientes deben dormir en el suelo o incluso en los baños.
También cuestionó las restricciones para ingresar alimentos a los centros penitenciarios. Explicó que, inicialmente, la prohibición se aplicaba a los centros de alta contención, mientras que en otros establecimientos las familias podían llevar comida y productos adicionales.
Sin embargo, posteriormente las limitaciones se extendieron a todos los centros. Esto dejó a la población privada de libertad dependiendo exclusivamente de los alimentos suministrados por las cárceles, que, según la vocera, nunca han sido suficientes.
A su criterio, esta situación repercute en la salud de las personas privadas de libertad, quienes presentan problemas estomacales, gastritis y úlceras.
Las dificultades también afectan el acceso a servicios médicos. Esquivel señaló que hay personas que llegan a hospitales para citas programadas y descubren que no cuentan con seguro, lo que complica aún más la atención.
Demoras en la atención médica
A estos reclamos se suman las muertes ocurridas en los centros penitenciarios. Entre enero y agosto de 2026, 20 personas privadas de libertad fallecieron por causas naturales. La cifra generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles deficiencias en la atención médica y la alimentación.
En julio, CR Hoy publicó denuncias sobre problemas de atención médica en las cárceles.
Uno de los casos corresponde a un hombre de 64 años que permanece privado de libertad y padece varios problemas de salud, entre ellos una hernia de gran tamaño. Según relató un familiar, algunas citas médicas se pierden porque el centro penitenciario no realiza los traslados a tiempo.
Otro caso corresponde a un privado de libertad al que, según la denuncia, el centro penitenciario le negó la salida para recibir atención médica. Finalmente, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron tuberculosis, anemia y desnutrición.