Muertes en cárceles encienden las alarmas por posibles fallas en atención médica

20 personas han muerto por causas naturales en centros penitenciarios durante este año, cifra que encendió alertas en organizaciones defensoras de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles deficiencias en la atención médica y la alimentación de los privados de libertad.

Rafael García, presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, explicó que, aunque las muertes pudieron obedecer a condiciones médicas, una atención tardía o inadecuada podría haber contribuido a los desenlaces.

Según el abogado, una demora en la valoración de pacientes con padecimientos como diabetes o síntomas de un preinfarto puede convertirse en una sentencia de muerte.

En el caso de las personas con diabetes, los horarios de alimentación también son fundamentales para evitar una caída abrupta en los niveles de glucosa.

García afirmó que algunas personas privadas de libertad esperan varios días para recibir atención. Asimismo, denunció que, en ciertos casos, la Policía Penitenciaria desatiende las solicitudes.

El abogado considera "absurdo" catalogar todos esos fallecimientos como naturales y asegura que esa clasificación constituye una falta de respeto para las familias.

ONG cuestiona medidas en las cárceles

La organización sostiene que las medidas adoptadas por el Gobierno de Fernández, bajo la dirección del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, van más allá de una política penitenciaria restrictiva.

Según la ONG, algunas disposiciones vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad e, incluso, constituyen formas de tortura.

García agregó que algunos pacientes reciben valoración médica, pero deben esperar 15 días o más para obtener sus medicamentos. Esta situación pone en riesgo a quienes necesitan insulina, padecen cáncer o viven con VIH y dependen de tratamientos para sobrellevar sus enfermedades en prisión.

Muertes registradas en las cárceles

Los datos del Ministerio de Justicia y Paz registran las siguientes muertes naturales entre el 1.º de enero y el 2 de setiembre de 2026:

• 24 de enero: un hombre en el CAI Antonio Bastida de Paz.
• 6 de marzo: un hombre en la UAI 20 de Diciembre.
• 9 de marzo: un hombre en el CAI Jorge Debravo.
• 12 de marzo: un hombre en el CAI Carlos Luis Fallas.
• 13 de marzo: un hombre en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.
• 10 de abril: una mujer en el CAI Vilma Curling Rivera.
• 12 de abril: un hombre en el CAI Liberia.
• 25 de abril: un hombre en el CAI Liberia.
• 11 de mayo: un hombre en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.
• 23 de mayo: un hombre en el CAI Nelson Mandela.
• 30 de mayo: un hombre en el CAI Terrazas.
• 26 de junio: un hombre en el CAI Jorge Arturo Montero Castro.
• 26 de junio: un hombre en el CAI Adulto Mayor.
• 3 de julio: un hombre en el CAI San José.
• 9 de julio: un hombre en el CAI Carlos Luis Fallas.
• 31 de julio: un hombre en el CAI Luis Paulino Mora.
• 7 de agosto: un hombre en el CAI Carlos Luis Fallas.
• 13 de agosto: un hombre en el CAI Gerardo Rodríguez.
• 18 de agosto: un hombre en el CAI San José.
• 30 de agosto: un hombre en el CAI Jorge Debravo.

La estadística también incluye dos muertes por suicidio: una en el CAI Liberia, el 9 de marzo, y otra en el CAI Antonio Bastida de Paz, el 31 de marzo.

Además, se registraron dos homicidios. Uno ocurrió en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, el 2 de marzo, y otro en el CAI 26 de Julio, el 25 de abril.

La ONG denuncia una elevada negligencia por parte del Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección General de Adaptación Social, el Gobierno central y las autoridades del sistema penitenciario.

"En los últimos 20 años nunca he visto tantas muertes como ahora", afirmó García.

El abogado calificó como una "barbaridad" que el Gobierno continúe vulnerando los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

"El sistema penitenciario debe convertirse en un sistema rehabilitador y no torturador", recalcó.

Denuncias por deficiencias médicas y alimentarias

En julio, CR Hoy publicó dos denuncias sobre la presunta vulneración de los derechos a la salud y a una alimentación adecuada dentro del sistema penitenciario.

Uno de los casos corresponde a un hombre de 64 años, privado de libertad desde 2012, que padece diabetes avanzada, pérdida de visión y una hernia con gangrena. Además, presentó dos recursos de amparo que fueron declarados con lugar.

Según la denuncia, las autoridades tardaron cuatro años en suministrarle insulina. También ha perdido citas médicas por falta de traslados penitenciarios y debe dormir en el suelo.

Tras la prohibición de que las familias ingresen alimentos, su "dieta especial" quedó reducida a porciones más pequeñas. Además, el decomiso de recipientes le impide guardar comida para aplicarse la insulina en los horarios adecuados, lo que le ha provocado descompensaciones sin atención médica inmediata.

El segundo caso corresponde a un hombre que lleva 14 años en prisión. Según la denuncia, las autoridades le negaron atención médica por un soplo en el corazón e impidieron que lo atendiera un médico privado pagado por su familia.

Después de sufrir un deterioro físico severo y perder peso, el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital. Allí le diagnosticaron tuberculosis, anemia y desnutrición.

Aunque recibió una orden médica para consumir una dieta reforzada, el centro penitenciario no se la suministró y atribuyó el incumplimiento a otro centro penal, luego de un traslado reciente.

La Defensoría de los Habitantes recibió 2.681 quejas relacionadas con deficiencias médicas durante 2025 y otras 1.350 en lo que va de 2026.

Privado de libertad denunció golpizas

CR Hoy también publicó el relato de un privado de libertad recluido en el área de alta contención del centro penitenciario La Reforma.

El hombre denunció agresiones físicas, intimidaciones, escasez de alimentos y otras condiciones inadecuadas que, según afirmó, enfrentan desde hace meses quienes permanecen en ese sector.

Asimismo, aseguró que la Policía Penitenciaria los somete a agresiones diarias, desde puñetazos y patadas hasta el uso de armas no letales asignadas a los agentes.

"Nos tratan como si fuéramos basura. Nos sacan a todos del dormitorio, nos pegan con la cara contra la pared y no podemos ni volver a ver hacia atrás porque nos leñatean también", relató.