Miguel Ángel Rodríguez ofrece renunciar a indemnización si el Estado retira apelaciones
Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, junto a Cristian Arguedas, abogado. CRH
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez afirmó que renunciará a las costas reconocidas tras la sentencia absolutoria del caso INS-Reaseguros si las instituciones involucradas retiran sus apelaciones.
Según explicó, no le interesa recibir ese dinero. Su intención es recuperar la tranquilidad, poner fin a lo que considera una persecución y evitar que el Estado continúe gastando recursos en el proceso judicial.
Rodríguez planteó públicamente esta posibilidad para cerrar un caso que comenzó hace 25 años.
El exmandatario recalcó que regresó a Costa Rica para comparecer ante los tribunales y defender su nombre, no para obtener dinero.
Absolución en el caso INS-Reaseguros
El pasado 29 de mayo, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió por unanimidad al expresidente de los delitos de peculado que le atribuyó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Además, el Tribunal condenó al Estado, al Instituto Nacional de Seguros (INS) y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a pagar más de $7,1 millones.
Los jueces impusieron esos pagos después de absolver a Rodríguez y a los demás imputados del caso Reaseguros. Asimismo, declararon sin lugar las acciones civiles resarcitorias y las querellas presentadas.
El Estado, representado por la Procuraduría General de la República, deberá pagar $688.974, más los intereses legales correspondientes hasta la liquidación efectiva.
El INS deberá cancelar $6.094.015 y ₡1 millón. A esas sumas se añaden otros $339.407 correspondientes a una condena adicional contra la institución.
Rodríguez recibiría el monto más alto. Del total establecido, le corresponden poco más de $3 millones.
Expresidente pide poner fin al proceso
Rodríguez recordó que en el caso ICE-Alcatel fue absuelto 13 años después de haber sido acusado, mediante dos sentencias unánimes dictadas por tribunales de apelación con integraciones distintas, decisión que posteriormente confirmó la Sala Tercera.
Durante los últimos 25 años, el Estado destinó recursos humanos, institucionales y económicos al proceso. Ahora, pese a la sentencia absolutoria, el caso enfrenta cuatro nuevas apelaciones.
El expresidente también pidió tomar en cuenta la duración del proceso. Según señaló, la Sala Constitucional ya determinó que se vulneró su derecho a una justicia pronta y cumplida.
Rodríguez, de 86 años, decidió plantear una propuesta pública para poner fin al proceso y evitar mayores costos para el país.