¿Qué está pasando con el Presupuesto Nacional para 2027?
La discusión y votación del presupuesto nacional de 2027 quedaron suspendidas hasta el 29 de noviembre, por orden de la Sala Constitucional, que acogió dos medidas cautelares relacionadas con las consultas de constitucionalidad presentadas por diputados y la Corte Suprema de Justicia.
El presupuesto contempla recortes a distintas instituciones, entre ellas el Poder Judicial y las universidades públicas.
Estos cambios motivaron cuestionamientos sobre posibles afectaciones a la autonomía del Poder Judicial y de las universidades.
¿Qué ocurrió y cómo se llegó a la suspensión?
El 22 de octubre, la Corte Suprema de Justicia presentó una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV. Cuestionó varias normas del presupuesto que afectan el funcionamiento del Poder Judicial, entre ellas el bloqueo de casi ₡30.000 millones, cuyo desembolso quedó condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos y a la aprobación final.
Ese mismo día, la fracción de Liberación Nacional (PLN) presentó otra consulta, también relacionada con las disposiciones presupuestarias que afectan al Poder Judicial.
El 27 de octubre, el Frente Amplio (FA) presentó una consulta contra los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en particular por la eliminación de ₡8.048 millones correspondientes a recursos universitarios cuyo reintegro había sido postergado.
El 26 de octubre, la Sala Constitucional solicitó al Directorio de la Asamblea Legislativa y a su presidenta Yara Jiménez, que remitiera el expediente del proyecto de presupuesto. Ante la falta de respuesta, reiteró la solicitud el 4 de noviembre. El Directorio finalmente trasladó el expediente el 5 de noviembre.
Ese mismo día, el presupuesto fue aprobado en primer debate con los votos de Pueblo Soberano.
El segundo debate estaba programado para el lunes 9 de noviembre. Ante la falta de un pronunciamiento de la Sala sobre las consultas pendientes, Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, solicitó ese lunes acoger una medida cautelar para impedir que el presupuesto fuera votado antes del 29 de noviembre.
Al iniciar la sesión, diputados del bloque democrático advirtieron a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, sobre la existencia de esa medida cautelar.
Jiménez indicó que no conocía la resolución y concedió un receso para que los legisladores pudieran revisarla.
Al reanudar la sesión, anunció que la votación quedaría suspendida hasta el 29 de noviembre. Sin embargo, sostuvo que la discusión podía continuar, pues interpretó que la orden de la Sala se refería únicamente al acto de votar.
Los diputados del bloque democrático apelaron esa decisión. Argumentaron que la medida cautelar impedía continuar con el segundo debate en su totalidad, incluida la discusión. Pese a esos reclamos, Pueblo Soberano mantuvo su posición y la sesión continuó.
Jiménez anunció que se abriría el espacio de discusión y que el proyecto se daría por suficientemente discutido cuando no hubiera más diputados interesados en intervenir, por lo que únicamente quedaría pendiente la votación.
En señal de protesta, dos diputadas del Frente Amplio intervinieron durante la discusión. Aproximadamente a las 6:30 pm, Jiménez decretó un receso y posteriormente levantó la sesión.
Minutos después se conoció una segunda medida cautelar, dictada por la sala y emitida a las 6: 00 pm, solicitada por diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional.
¿Qué ordenó la Sala Constitucional?
El magistrado Fernando Cruz Castro, en su condición de presidente interino de la Sala Constitucional, y la magistrada Ingrid Hess Herrera dictaron dos medidas cautelares que suspendieron el avance del presupuesto 2027 en segundo debate.
La primera medida, dictada por Cruz, ordenó al plenario abstenerse de dar segundo debate al proyecto de presupuesto antes del 29 de noviembre.
La segunda, dictada por Hess fue más explícita: ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse de discutir y aprobar el presupuesto en segundo debate.
La Sala justificó estas medidas en la necesidad de evitar que el presupuesto quedara aprobado definitivamente antes de resolver las consultas de constitucionalidad.
¿Qué sigue?
La Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa debe aprobar el presupuesto nacional antes del 30 de noviembre.
La Sala Constitucional no tiene un plazo específico para resolver las consultas de constitucionalidad. Sin embargo, las medidas cautelares suspenden el segundo debate hasta el 29 de noviembre.
Por tanto, la resolución de la Sala será determinante para conocer si el proyecto puede continuar su trámite, si requiere modificaciones o si alguna de sus disposiciones debe corregirse antes de su aprobación definitiva.