Corte advierte que presupuesto avanzó en la Asamblea sin cumplir consulta de ley
Crédito: Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 avanzó en la Asamblea Legislativa sin la consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, pese a que contiene disposiciones que podrían afectar directamente el funcionamiento del Poder Judicial.
Según los argumentos que el Poder Judicial presentó ante la Sala Constitucional tras una medida cautelar solicitada este lunes por Patricia Vargas, presidenta de la Corte, esa omisión evitó que se activara el requisito de una votación de al menos 38 diputados para apartarse del criterio de la Corte.
La Sala Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse de votar en segundo debate el Presupuesto Nacional de 2027 antes del 29 de noviembre a raíz de la medida presentada por Vargas.
El artículo 167 de la Constitución Política establece que, cuando un proyecto de ley afecta la organización o el funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa debe consultar a la Corte Suprema de Justicia. Si esta manifiesta su desacuerdo, el Parlamento solo puede apartarse de su criterio con el voto de dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes.
La Corte cuestiona que el presupuesto de 2027 incluya normas que condicionan el uso de recursos institucionales, restringen movimientos presupuestarios y limitan la cobertura de plazas esenciales, sin que la Asamblea cumpliera antes ese procedimiento. Por eso, el proyecto avanzó sin el trámite legislativo agravado que exige la Constitución.
La controversia llegó a la Sala Constitucional mediante el expediente 26-039748-0007-CO, en el que la Corte cuestiona posibles vicios de procedimiento y de fondo en la tramitación del presupuesto 2027.
Vargas advirtió que una aprobación definitiva sin pronunciamiento constitucional podría dejar sin efecto práctico el control previo de constitucionalidad y permitir que entren en vigencia disposiciones que, según el Poder Judicial, comprometen su independencia y funcionamiento.
Corte advierte bloqueo de casi ₡30.000 millones
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en la norma de ejecución presupuestaria que condiciona el desbloqueo de ₡29.843,8 millones, equivalentes al 5,6 % del presupuesto institucional, a la aprobación final de una comisión legislativa de control político. Según la Corte, esa disposición sometería el uso de recursos judiciales a decisiones de un órgano político.
Otras dos normas también generan preocupación, pues impiden los traslados ordinarios de recursos entre subpartidas y restringen la cobertura de plazas vacantes necesarias para mantener los servicios.
El Poder Judicial sostiene que estas disposiciones podrían afectar su autonomía administrativa y financiera, además de modificar regímenes estatutarios y de empleo público mediante normas anuales de ejecución presupuestaria. Advierte también una posible paralización parcial de los servicios judiciales a partir del 1.º de enero de 2027, si el presupuesto entra en vigencia con esas restricciones.
Más de 2.400 funcionarios judiciales en riesgo
Según la solicitud, las restricciones podrían obligar al Poder Judicial a despedir a más de 2.400 funcionarios y a cerrar despachos por falta de recursos.
La afectación también alcanzaría al OIJ, por las dificultades para adquirir chalecos antibalas, equipamiento, repuestos y otros insumos policiales. La Corte advirtió, además, sobre posibles problemas para pagar licencias informáticas, mantener contratos de alquiler y financiar reparaciones indispensables.
La institución considera que estas consecuencias perjudicarían a los usuarios de la administración de justicia, en particular a las poblaciones vulnerables y a las personas menores de edad. Añade que las disposiciones podrían comprometer el cumplimiento de las competencias constitucionales del Poder Judicial.
Solicitan frenar el segundo debate del presupuesto 2027
La Corte también cuestionó un supuesto atraso injustificado del Directorio Legislativo en la remisión del expediente, lo que podría impedir que la Sala Constitucional examine los reclamos antes de la votación definitiva.
Según la gestión, esa demora permitiría que los diputados aprueben el presupuesto sin un pronunciamiento sobre los posibles vicios constitucionales. Así, el control previo se convertiría en un pronunciamiento posterior a la aprobación de la ley.
La solicitud insiste en que el presupuesto contiene disposiciones ajenas a la materia estrictamente presupuestaria, las cuales podrían modificar indirectamente normas sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
La Corte pretende que la Sala intervenga antes de la votación prevista para este martes 10 de noviembre, para evitar que las disposiciones cuestionadas adquieran carácter definitivo sin el examen constitucional correspondiente.