Presidenta de la Corte advierte siete consecuencias por recortes al presupuesto
Edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José. Imagen con fines ilustrativos
El cierre de oficinas y hasta la compra de chalecos antibalas forman parte de los impactos que tendría el Poder Judicial en 2027 debido a los recortes al presupuesto que se discuten en la Asamblea Legislativa.
Así lo enumeró Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en una solicitud presentada ante la Sala IV para que se paralice la segunda votación del proyecto en el plenario.
A continuación, el detalle con siete aspectos puntuales:
- Cierre de los despachos de Cóbano, Jacó, Puerto Jiménez y Quepos.
- Despido de más de 2.400 funcionarios judiciales.
- Finalización de los contratos de alquiler de oficinas.
- Incremento de la mora judicial.
- Paralización automática de servicios por falta de dinero.
- Riesgo de que no se compren chalecos antibalas para los agentes del OIJ, licencias informáticas, repuestos y otros equipos.
- Recorte de gastos necesarios para pagar servicios de agua, alquileres, internet, electricidad, mantenimiento, protección de víctimas y recursos para el OIJ, lo que afectaría el funcionamiento de la institución.
Vargas advirtió que estas consecuencias empezarían a regir a partir del 1.º de enero de 2027 si no se analizan los detalles presupuestarios.
Por esta razón, la Sala Constitucional dispuso este lunes, mediante una medida cautelar, impedir que continúe la votación en segundo debate.