Laura Fernández anuncia revisión de normas que condicionan recursos del Poder Judicial
Laura Fernández, presidenta de la República, junto a Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. CRH
La presidenta Laura Fernández anunció este lunes que el Poder Ejecutivo revisará las normas presupuestarias que establecen restricciones para el uso de los recursos asignados al Poder Judicial para 2027.
El anuncio lo hizo tras una reunión en Casa Presidencial con Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Las disposiciones forman parte del proyecto de presupuesto nacional para 2027 e introducen una serie de condiciones para que el Poder Judicial pueda disponer de una parte de los recursos que le fueron asignados, así como para administrar sus partidas y plazas vacantes.
La revisión anunciada por Fernández se produce en medio de los cuestionamientos de las autoridades judiciales, que han advertido sobre las consecuencias de estas restricciones para el funcionamiento de los servicios de justicia y la autonomía administrativa de ese poder de la República.
En conjunto, las disposiciones condicionan el acceso a recursos públicos y trasladan a otras instituciones decisiones relacionadas con la administración del presupuesto judicial.
El Poder Judicial ha cuestionado estas medidas al considerar que afectan su autonomía y podrían comprometer la prestación de servicios de justicia.
¿Qué establecen las normas presupuestarias?
El Presupuesto Nacional 2027 incluyó cuatro normas que imponen restricciones al Poder Judicial:
- Norma 9: Mantiene bloqueados ₡29.843 millones y condiciona su liberación al cumplimiento de requisitos financieros y al aval de instancias externas.
- Norma 10: Limita los traslados de recursos entre partidas y obliga a tramitar presupuestos extraordinarios ante la Asamblea Legislativa.
- Norma 11: Condiciona el pago de compensaciones por administración a un estudio de costo-beneficio, sujeto al aval de la Contraloría y el Congreso.
- Norma 12: Restringe la ocupación de plazas vacantes, al exigir estudios técnicos y autorizaciones externas.