27 recursos y acciones legales cuestionan el funcionamiento del CACCO ante la Sala IV
Un total de 27 gestiones judiciales, correspondientes a 16 recursos de amparo y 11 hábeas corpus, cuestionan ante la Sala Constitucional distintas actuaciones y condiciones relacionadas con el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
Los reclamos plantean presuntas vulneraciones a los derechos de los privados de libertad y abarcan desde las condiciones de reclusión y los procedimientos de traslado hasta la atención médica, la privacidad y la comunicación con familiares.
Entre los señalamientos más recurrentes figuran supuestos tratos degradantes durante los operativos penitenciarios, cortes de cabello obligatorios y divulgación de imágenes de los reclusos.
Traslados y presuntos tratos humillantes
Los recursos cuestionan los procedimientos aplicados durante los operativos de traslado e ingreso al régimen de alta contención.
En esas gestiones se denuncian supuestas prácticas humillantes, como obligar a los privados de libertad a adoptar determinadas posiciones corporales, utilizar la fuerza y cortarles el cabello.
También se cuestiona la divulgación de fotografías y videos de esos procedimientos, por considerar que afecta la dignidad y privacidad de los reclusos.
Otros recursos cuestionan los criterios utilizados para clasificar a determinados privados de libertad en el régimen de alta contención.
Privacidad, salud y contacto familiar
Las condiciones de las instalaciones también motivaron reclamos ante los magistrados.
En uno de los expedientes se cuestiona la falta de puertas o divisiones en los servicios sanitarios y las duchas, situación que, según quienes presentaron el recurso, comprometería la intimidad de los internos ante la existencia de sistemas de videovigilancia.
La atención médica es otro de los temas señalados. La madre de uno de los reclusos manifestó preocupación por el estado de salud de su hijo, quien, según indicó, tiene un solo riñón y había perdido aproximadamente 36 kilogramos en 11 meses. Solicitó una valoración médica y alimentación adecuada para su condición.
Por otra parte, otros expedientes recogen reclamos de familiares que aseguraron haberse enterado de los traslados mediante noticias y videos difundidos públicamente, sin recibir información previa sobre la ubicación y el estado de sus allegados.
En uno de los recursos, además, se denunciaron presuntas agresiones contra un privado de libertad después de una protesta relacionada con la alimentación y la atención médica. En ese caso, la Sala dictó medidas cautelares para verificar sus condiciones, garantizar atención médica y preservar elementos probatorios.
Recursos que fueron rechazados
No todas las gestiones han prosperado ante la Sala Constitucional.
El hábeas corpus presentado ante el eventual traslado de diez privados de libertad al CACCO, fue declarado sin lugar. Los magistrados determinaron que no se había acreditado una amenaza cierta e inminente contra sus derechos fundamentales.
También se rechazó de plano el recurso de amparo que cuestionaba aspectos relacionados con la temperatura, la privacidad, la vigilancia y las condiciones de atención dentro del centro. La Sala consideró que los planteamientos eran generales o hipotéticos y no identificaban una afectación concreta.
Otro recurso rechazado de plano fue el presentado por el catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Ricardo Zeledón Zeledón, quien cuestionó la construcción y puesta en funcionamiento del CACCO. Entre sus solicitudes planteó impedir la operación del centro e incluso demolerlo.
La Sala consideró que el recurso no acreditaba una lesión concreta a derechos fundamentales que pudiera examinarse mediante esa vía.
El recurso más reciente cuestiona falta de cocina y teléfonos
El lunes 9 de noviembre, la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un nuevo recurso de amparo a favor de cuatro personas recluidas en el CACCO.
La organización cuestiona que el centro no tenga una cocina para preparar los alimentos ni teléfonos habilitados para que los internos se comuniquen con sus familiares.
En el documento afirma que más de 700 privados de libertad reciben comida fría, debido a que los alimentos se preparan en la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos y posteriormente se trasladan al CACCO.
Además, denuncia que los internos llevan tres semanas sin poder realizar llamadas telefónicas.
Como prueba, la asociación adjuntó un correo del director del CACCO, Luis Carlos Mora Chavarría, quien indicó que se encontraba en proceso con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la habilitación del servicio.
En el mensaje, el funcionario señaló que ya se habían asignado los códigos y números telefónicos para cada recluso, pero que estaban a la espera de que el ICE comunicara la conclusión del proceso.
La asociación solicitó detener los nuevos traslados y devolver a los internos que ya fueron trasladados a sus anteriores centros penitenciarios, hasta que se garantice la alimentación caliente y la comunicación telefónica.