Gobierno condiciona nombramientos de directivos de la CCSS y permite extender sus cargos
El Gobierno condicionó los nombramientos de directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la entrega de un expediente completo sobre su elección.
Además, habilitó prórrogas provisionales de representantes anteriores cuando un sector quede sin titular ni suplente.
Los cambios aparecen en un decreto ejecutivo publicado el lunes 9 de noviembre en La Gaceta. La reforma rige desde esa fecha y modifica las reglas para elegir y nombrar a los representantes de los sectores laboral y patronal.
La medida surge en medio del conflicto por la incorporación de Rocío Alfaro, quien fue elegida por el movimiento sindical para integrar la Junta Directiva.
El Gobierno rechazó su designación y la Sala Constitucional anuló esa decisión. Posteriormente, el tribunal ordenó su juramentación en un plazo de ocho días.
Alfaro cuestionó la reforma y aseguró que el Ejecutivo busca impedir su ingreso al órgano.
"Este reglamento obviamente pretende ser la herramienta para burlar las 2 sentencias de la Sala Constitucional que ordenaban al Consejo de Gobierno juramentarme para cumplir con la integración legal de esa Junta Directiva", manifestó.
Gobierno exige expediente completo antes de nombrar
El decreto obliga a las asambleas de representantes a enviar al Consejo de Gobierno el nombre de la persona elegida y una copia íntegra del expediente de designación. Deberán hacerlo dentro de los tres días naturales posteriores a la asamblea.
El expediente debe incluir los documentos que utilizaron para comprobar los requisitos legales, las actas completas y los informes que sustentaron la elección.
También exige una explicación de quiénes valoraron cada requisito, cuáles criterios aplicaron y a qué conclusiones llegaron.
Las organizaciones deberán remitir las copias de los documentos escritos con certificación notarial. Además, los responsables tendrán que firmar la explicación sobre la valoración realizada e indicar si algún requisito quedó sin evaluar.
El reglamento establece que el Consejo de Gobierno no formalizará el nombramiento hasta recibir el expediente con la valoración completa del sector proponente.
En el caso del movimiento sindical, el texto reconoce que el Ejecutivo solo puede verificar requisitos objetivos, como prohibiciones e impedimentos legales.
No puede volver a valorar aspectos subjetivos, como la "máxima honorabilidad" o la competencia en materias económico-sociales, tal y como lo alegaron en el caso de Alfaro.
Sin embargo, exige que los sindicatos documenten esa evaluación. También dispone que las organizaciones proponentes y sus responsables asuman las eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales que deriven de ella.
Prórrogas hasta nombrar al sustituto
La reforma también permite extender provisionalmente un nombramiento anterior, válido y eficaz, cuando un sector quede sin representante titular ni suplente.
Para hacerlo, la Secretaría del Consejo de Gobierno deberá consultar primero a quien ocupó el cargo titular inmediatamente antes. Si esa persona acepta por escrito, el Consejo acordará la prórroga hasta completar la designación e incorporación del nuevo representante.
Si el anterior titular rechaza continuar, la Secretaría consultará al suplente anterior. Cuando ambos declinen o no exista suplencia, el Consejo podrá iniciar un trámite de nombramiento provisional y excepcional ante el sector correspondiente.
Ese procedimiento deberá garantizar la participación del sector en la postulación de candidaturas y seguir reglas similares a las del nombramiento titular.
Además, obliga a las asambleas a elegir una persona suplente para cubrir ausencias temporales o vacantes.
Antes de nombrarla interinamente, el Consejo solicitará al sector un documento que confirme que mantiene sus condiciones de elegibilidad y que puede asumir de inmediato.
El Ejecutivo justifica estos mecanismos en la necesidad de evitar que las vacantes paralicen la Junta Directiva y afecten la continuidad de los servicios de la CCSS.
Alfaro cuestiona propósito de la reforma
Alfaro sostuvo que el reglamento busca excluir la representación sindical y permitir la incorporación de Roger Rivera, a quien, según afirmó, el sector nunca eligió.
Según Alfaro, desde el fin de semana anterior se conocía que la Junta Directiva sería convocada para sesionar de forma ordinaria el jueves 12 de noviembre. Esa información le hizo pensar que el Gobierno finalmente la juramentaría.
La representante sindical también afirmó que el Ejecutivo busca mantener al sector fuera de debates sobre el sistema informático ERP, las contrataciones con empresas privadas de salud, las obras de infraestructura y eventuales cambios en la edad de pensión.
Asimismo, denunció presiones de cooperativas que vinculó con el caso Barrenador para obtener la adjudicación de áreas de salud.
Alfaro anunció que valorará acciones legales y constitucionales contra la reforma, al considerar que afecta la autonomía sindical y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Conflicto comenzó con rechazo del Gobierno
La Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Alfaro el 9 de junio para el periodo 2026-2030. El Consejo de Gobierno rechazó su designación el 24 de junio, pero la Sala Constitucional anuló ese acuerdo en agosto.
En setiembre el tribunal ordenó juramentarla en un plazo máximo de ocho días y anuló el nombramiento temporal que el Consejo había realizado para ese puesto.
El 20 de octubre, organizaciones sindicales denunciaron que el Gobierno solicitaba nuevos documentos sobre la elección de Alfaro. Según esas organizaciones, ya habían entregado los requisitos y el Ejecutivo utilizaba esas solicitudes para retrasar su incorporación.