PPSO rechazó investigar contratos de empresa vinculada con financistas del Gobierno

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) votaron en contra de una moción presentada por la congresista Claudia Dobles para que la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto investigara las contrataciones públicas adjudicadas a la empresa brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.

Dobles expuso que la compañía empezó a obtener adjudicaciones y contratos en el país en 2022, durante la administración de Rodrigo Chaves Robles, y que esa tendencia continuó bajo el Gobierno de Laura Fernández Delgado. Según la diputada, la empresa ganó contratos pese a carecer de experiencia en muchos de los servicios requeridos. Además, afirmó que la mayoría de las contrataciones se tramitaron mediante procedimientos especiales.

La legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) aseguró que los diputados deben velar por la competencia justa y garantizar que Costa Rica obtenga las mejores condiciones en sus contrataciones.

29 de los 31 diputados del Gobierno votaron contra la moción. Los otros dos, Fernando Obaldía y Gonzalo Ramírez, no estaban presentes cuando cerraron las puertas y no participaron en la votación.

El resultado final fue 29 en contra y 23 a favor de realizar la investigación.

Vínculos con el Gobierno

Dos representantes de SGSV financiaron la campaña presidencial de Laura Fernández: Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, quienes compraron bonos del Partido Pueblo Soberano por un total de ₡52 millones.

Según los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Rodríguez adquirió títulos por ₡43 millones, mientras que Rothe compró bonos por ₡9 millones.

Rodríguez figura como representante legal de SGSV y se identifica como director regional de Ventas para América Central. Rothe aparece como fiscal de la sociedad y posee el 18,81 % de sus acciones, de acuerdo con una declaración de beneficiarios finales incluida en un expediente del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

El TSE también investiga la solvencia económica de ambos financistas para determinar el origen de los recursos que utilizaron para comprar los bonos.

Contrataciones públicas

SGSV, empresa brasileña integrante del consorcio que obtuvo un contrato millonario para suministrar 40 ambulancias al Cuerpo de Bomberos, registra al menos cinco procedimientos adjudicados por instituciones públicas desde 2022. Cuatro se tramitaron mediante procedimientos especiales de excepción.

Los registros de contratación pública muestran adjudicaciones relacionadas con ambulancias, tobilleras electrónicas, equipos de vigilancia marítima, radares y servicios para detectar fugas de agua.

El Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Justicia y Paz adjudicaron esos procedimientos. Solo el del MOPT se tramitó mediante una licitación mayor.

Los registros consultados muestran montos de referencia superiores a ₡7.000 millones, principalmente por el contrato de las ambulancias. Sin embargo, algunos contratos funcionan bajo demanda o establecen precios unitarios, por lo que sus montos pueden variar.

Contraloría y Fiscalía también investigan

La Contraloría General de la República (CGR) investiga la compra de 40 ambulancias que el Cuerpo de Bomberos adjudicó al consorcio brasileño SGSV-Bem Estar. La institución abrió una investigación tras recibir una denuncia ciudadana contra la licitación pública.

El Cuerpo de Bomberos eligió la oferta más cara para adquirir las ambulancias y justificó la decisión con el plazo de entrega más corto. Sin embargo, una semana después de adjudicar el contrato, solicitó un cambio que retrasará la entrega de los vehículos.

El consorcio SGSV-Bem Estar Hospitalar ofertó $13,8 millones, equivalentes a unos ₡6.500 millones. Cotisa presentó una oferta de $11,5 millones y AutoStar, de $13,7 millones.

En un estudio de mercado previo a la contratación, las empresas descartadas indicaron que podían entregar los equipos en 240 días. El consorcio ganador se comprometió a hacerlo en 100 días, plazo que Bomberos usó para justificar la adjudicación.

El 28 de octubre, la institución solicitó nuevas especificaciones sobre el color y la rotulación de las ambulancias. El consorcio pidió una prórroga para presentar la primera unidad modelo y ahora no garantiza que los vehículos lleguen al país antes de que termine 2026. El plazo de entrega había sido el principal factor para elegir su oferta.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el Ministerio Público también abrió una investigación por la compra de las ambulancias.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) tramita el caso. El Ministerio Público abrió de oficio una causa el 2 de noviembre ante posibles irregularidades en el procedimiento utilizado para adjudicar el contrato a un consorcio empresarial brasileño.

La Fiscalía investiga el caso como un posible delito contra la hacienda pública, pero Díaz señaló que podrían surgir otros delitos. "No descartamos que existan otras acciones ilícitas", afirmó.