Procuraduría reclama $10 millones de daños en caso del cemento chino

(CRHoy.com) La Procuraduría General de la República (PGR) reclamó $10 millones por el daño social derivado de las aparentes anomalías dadas en el otorgamiento de un crédito del Banco de Costa Rica (BCR) para la importación y nacionalización de cemento procedente desde China.

El monto fue confirmado por la oficina de prensa de la Abogacía del Estado. Este medio dio a conocer el 17 de julio que el órgano presentaría una querella y una acción civil resarcitoria, pero en aquel momento no se precisó la cifra que se buscaría resarcir.

Los $10 millones, no obstante, pueden cambiar en el tanto que se trata de una estimación "prudencial", aclaró el ente procurador en su respuesta. Aún debe llevarse a cabo un peritaje para determinar con mayor tino cuál fue la afectación provocada por el escándalo de presunta corrupción.

El reclamo se hace en partes iguales a los nueve acusados: el dueño de Sinocem Costa Rica, Juan Carlos Bolaños Rojas, así como sus gerentes de apellidos Rojas Segura y Cortés Zuñiga; así como seis personeros de la entidad financiera: su expresidenta, Paola Mora Tumminelli, su director de Gestión de Créditos, de apellidos Ramírez Rodríguez; el ex subgerente de Banca Mayorista, Víquez Lizano; el exgerente corporativo de Riesgos y Control de Crédito, Barrantes Campos; el ex subgerente de Banca Minorista, de apellidos Corrales Barboza; y ex subgerente de Finanzas y Riesgo, de apellidos Acuña Alvarado.

La demanda también se planteó contras las compañías Sinocem Costa Rica S.A., Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., JCB Constructora y Alquiler S.A. así como JCB Distribuidora S.A.

Acusaciones

Los empresarios y funcionarios antes mencionados son acusados por la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República por los presuntos de peculado, tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica, uso de falso documento, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales y receptación, legalización de bienes.

Por este caso, en el expediente 16-000013-0033-TP, el Ministerio Público persiguió supuestas irregularidades en la negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación de dos líneas de crédito por más de $30 millones ($20 millones para la compra y el equivalente a $10 millones para la nacionalización del producto) para que Bolaños Rojas importara cemento desde China.

Las aparentes anomalías de la alta administración de la institución financiera -ocurridas entre 2015 y 2017- permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos en detrimento de los intereses del banco y en favor de la compañía.

En su querella, la Procuraduría acusó:

• Un aparente tráfico de influencias en la obtención de un crédito revolutivo para Sinocem Costa Rica S.A.
• Un presunto peculado por la distracción de fondos públicos girados por parte del Banco de Costa Rica a Sinocem Costa Rica S.A., a pesar de conocer que no estaba cumpliendo el plan de inversión del crédito para comprar cemento, entre otros motivos.
• Una supuesta influencia en contra de la Hacienda Pública, por realizar maniobras en contra del interés público, el Banco de Costa Rica y la Hacienda Pública, para beneficiar ilícitamente a un sujeto privado y su grupo de interés económico.
• Una posible receptación (tipo de legitimación de capitales) para los sujetos particulares, por introducir en el mercado financiero costarricense fondos ilícitos provenientes del delito de peculado.

CRHoy.com dio a conocer en junio de ese año supuestas anomalías con los préstamos hechos a esa empresa, a partir de denuncias presentadas por directivos del Banco de Costa Rica en sesiones de la Junta Directiva. Un mes más tarde, la Asamblea Legislativa instaló una comisión especial que investigó las supuestas irregularidades con los créditos otorgados. En ese foro se destaparon situaciones relacionadas a la presunta influencia que el empresario tenía sobre políticos y funcionarios judicial.

En octubre de 2017, debido a esa cadena de eventos, la Corte Plena separó al entonces fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, por considerar que -aparentemente- incumplió sus labores después de que en 2015 recibió denuncias sobre un posible tráfico de influencias entre Bolaños Rojas y los otroras diputados, Otto Guevara Guth (Partido Movimiento Libertario – PML) y Víctor Morales Zapata (Partido Acción Ciudadana – PAC).

Los magistrados de la Sala de Casación Penal, Carlos Chinchilla Sandí (en ese momento, presidente del Poder Judicial) y Doris Arias Madrigal, se acogieron en julio de 2018 a su pensión, luego de ser sancionados por desestimar una causa penal contra los exparlamentarios. El Congreso, por su parte, destituyó en abril de 2018 al magistrado de la Sala de Casación Penal, Celso Gamboa Sánchez, por sus nexos con el importador del cemento chino.

En medio de los cuestionamientos, Emilia Navas Aparicio asumió de forma interina la jefatura del Ministerio Público y llevó a cabo una serie de allanamientos, con los que capturó a Bolaños Rojas y los entonces funcionarios del Banco de Costa Rica, en noviembre de 2017.

Al 13 de julio, el Banco de Costa Rica mantenía bajo estudio la posibilidad de formular una querella o una acción civil resarcitoria.