El proyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Avales y Garantías se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió a los diputados sobre el rol que tendría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el Fondo Nacional de Avales y Garantías que se pretende crear mediante un proyecto de ley en curso en el Congreso.

Así lo indicó en un oficio con respuestas a consultas que formularon legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios que tramita la iniciativa bajo el expediente 22.144.

Los congresistas plantearon varias dudas a la PGR sobre la participación del BCIE como fiduciario del fideicomiso para el Fondo Nacional de Avales y Garantías, y su condición de prestamista de los recursos para financiar al programa.

Según la opinión de la Procuraduría, el banco sí podría ser fiduciario local.

"Nuestro ordenamiento jurídico no establece requisitos de nacionalidad para que una persona física o jurídica sea fiduciario. Consecuentemente, en el estado actual del ordenamiento no resulta prohibido que una persona jurídica internacional se constituya en fiduciario de un contrato de fideicomiso suscrito por un ente público costarricense", aclaró la Procuraduría.

Además, el Convenio Constitutivo del BCIE lo autoriza a actuar como fiduciario no solo administrando sus propios recursos, sino también los de terceros.

"El fideicomiso se convierte en un mecanismo para administrar recursos que le han sido confiados. Por lo que la administración de recursos públicos costarricenses, mediante la figura del fideicomiso, en el que el banco es el fiduciario, encuentra fundamento en esa norma", sostiene.

Conflicto de interés

La Procuraduría General de la República envió un oficio a los diputados. (Archivo/CRH).

La PGR explicó que, si se aprueba el proyecto de ley, el BCIE, por la condición de fiduciario que se le daría, se convertiría en administrador de recursos de fuente externa que provendrían del mismo crédito otorgado por el propio banco para financiar al Fondo Nacional de Avales y Garantías. Por lo tanto, administraría recursos de un crédito público del cual es acreedor.

Debido a esa condición, la Procuraduría advirtió de que podría presentarse un conflicto de interés.

Esto, a pesar de que la condición de fiduciario implica una sujeción a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. Es decir, la obligación de no mezclar los intereses propios con los que como fiduciario debe defender.

Como los recursos con los cuales se constituiría el patrimonio fideicometido serían públicos, deberían sujetarse al régimen jurídico de la Hacienda Pública.

Además, la Procuraduría precisó que  el artículo 30 del Convenio Constitutivo del BCIE, norma de rango superior a la ley, establece que los archivos del banco son inviolables y gozan de inmunidad absoluta.

"Por lo que el acceso a la información sobre el fideicomiso y, en particular, la actuación del fiduciario respecto del patrimonio fideicometido, podría verse entrabada en razón de la norma del Convenio", agregó.

El proyecto

El Plenario Legislativo ya aprobó el crédito para financiar el Fondo Nacional de Avales y Garantías. (Archivo/CRH).

El Fondo Nacional de Avales y Garantías, que impulsa el Gobierno, se crearía para promover y facilitar el acceso al financiamiento bancario para las personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales afectadas por la pandemia del COVID-19.

Según el esquema propuesto, el Estado respondería por los créditos otorgados, siempre y cuando las empresas se comprometan a mantener los niveles actuales de empleo.

La cobertura no podría exceder el 70% de la pérdida máxima esperada de la cartera por grupo homogéneo de riesgo ni el 70% de cada operación avalada.